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La repetición electoral supondría al Estado un gasto extra de 180 millones

España se aproxima a una nueva repetición electoral mientras la responsabilidad sigue recayendo sobre el otro. La velocidad, el ruido y la ausencia de autocrítica dificultan la empatía entre dos formaciones que se miran bajo sospecha. Ninguno confía en las manos del otro para cuando caiga de espaldas.

PSOE y Unidas Podemos firmaron este jueves un nuevo capítulo del despropósito que parece perseguir a la izquierda allí donde puede conseguir el mando.

Pedro Sánchez ha estado 80 días dando vueltas sobre la silla sin detenerse a negociar con nadie. Tan solo un leve arreón de última hora impulsado para tratar de conquistar el supuesto trampolín hacia La Moncloa, el relato.

Gran parte del PSOE no quiere a Podemos en el Gobierno bajo ningún concepto, pero es consciente de que mostrar públicamente ese deseo, una vez que los puentes con Ciudadanos fueron volados por Albert Rivera, imposibilita el camino hacia La Moncloa, que en estos momentos pasa inexorablemente por los morados.

Por su parte, la misma noche de las elecciones del 28 de abril, Unidas Podemos, y sobre todo sus votantes, hubieran firmado un gobierno de coalición de baja intensidad en donde la formación de Iglesias controlara tres ministerios y una vicepresidencia, independientemente de las competencias que en esos organismos pudieran desarrollar.

Sin embargo, el ritmo vertiginoso en el que vive la política, embriagada por el histerismo de los medios de comunicación, ha desfigurado lo que desde un inicio podría haber sonado como éxito. El deseo inane del PSOE era gobernar en solitario.

180 millones de euros de gasto

La repetición electoral que podría producirse el 10 de noviembre, en caso de no alcanzar un acuerdo de investidura, supondría un gasto extra de 180 millones de euros a las arcas del Estado.

La organización de los comicios tiene una factura de unos 130 millones de euros, mientras que las subvenciones a los partidos políticos por los gastos que incurren en la campaña suele ascender a 44 millones.

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La repetición electoral supondría al Estado un gasto extra de 180 millones

Ander Cortázar

Periodista

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