La renovación del título del Ducado de Franco llega al Defensor del Pueblo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado este martes una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para que intervenga en la renovación del título del Ducado de Franco que ha iniciado el Ministerio de Justicia. Este colectivo ya registró ayer ante la Fiscalía una denuncia después de que Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta de Francisco Franco, solicitaba recibir por sucesión el título que ostentaba su madre Carmen Franco Polo, fallecida el pasado mes de diciembre.

Para esta asociación este reconocimiento es “intolerable” desde “cualquier punto de vista democrático, ya que se concede “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos”. Unos “merecimientos” que, según la ARMH, “no son otros que el haber dado un golpe de Estado el 18 de julio de 1936”, así como “haber asesinado a 114.226 personas que fueron hechas desaparecer” y “haber violado y humillado a decenas de miles de mujeres”, entre otras cosas.

Por todas esas razones, entienden que “la colaboración de las instituciones del Estado con el proceso por el que los descendientes del dictador tratan de constituir una dinastía nobiliaria agrede a la dignidad de las víctimas de la dictadura y a los valores democráticos”. Asimismo, denuncian que “es una forma de maltrato a las víctimas de los delitos más graves que pueden cometerse contra un ser humano, como son las desapariciones forzadas”.

“Nadie imagina la concesión de un título nobiliario a un asesino terrorista o machista ‘en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en él concurrieran’”, afirma esta asociación en un comunicado en el que reclaman que se ponga fin a la discriminación que sufren en España las víctimas de la dictadura franquista.

La ARMH destaca que la “protección a la que tienen derecho por parte de un Estado democrático (…) no puede depender del discurso político del autor del daño, que es lo que hasta ahora ha llevado a cabo el Estado español”. “Si las víctimas del terrorismo merecen una protección de su dignidad, compatible con la libertad de expresión y opinión, las víctimas del terrorismo franquista, de las bandas armadas de paramilitares y falangistas, merecen el mismo trato”, reclaman.

Acceda a la versión completa del contenido