El Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana ha explicado que se van a articular medidas fiscales con el fin de crear un entorno favorable para la realización de actuaciones de rehabilitación por parte de empresas y particulares, a través de una mejora del marco fiscal de la actividad de rehabilitación orientada a alcanzar los retos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Teniendo en cuenta que la rehabilitación de edificios residenciales debe realizarse de manera prioritaria por particulares, el Gobierno establecerá deducción por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual.
Esta deducción será aplicable a personas físicas que realicen determinadas obras en su vivienda habitual o en una vivienda de su titularidad, en arrendamiento como vivienda habitual, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética.
Así, se propone una deducción del 20% para quienes, al realizar determinadas obras, reduzcan, al menos, un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda (asimilable a una sustitución de ventanas por unas de altas prestaciones).
Por otro lado, dará una deducción del 40% a quienes rebajen en un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética.
Asimismo, el Gobierno establece una deducción del 60% por obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de edificios de uso predominantemente residencial, aplicable a cantidades satisfechas por personas físicas propietarias de vivienda, condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edifico para obtener una clase energética ‘A’ o ‘B’.
Estas deducciones se enmarcan en el Plan de Recuperación y Resiliencia que enviará el Gobierno a Bruselas antes de que acabe el mes y que contempla una partida de 6.820 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, la segunda partida más cuantiosa después de los 13.200 millones que se destinarán a abordar una estrategia de movilidad sostenible.
