Decreto digital

“La regulación española sobre Internet no tiene nada que envidiar a la censura china”

Xnet espera poder revocar el decreto aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Ordenador seguridad

La plataforma Xnet, formada por activistas que trabajan en diferentes campos relacionados con los derechos digitales, la democracia en red y la libertad de expresión, denuncia la aprobación del ‘decretazo’ digital por parte del Gobierno porque considera que acerca la regulación española sobre internet “a la censura china”.

“Gracias a un Decreto Ley publicado ayer en el BOE con la nocturnidad de las elecciones, desde hoy en España la regulación sobre internet no tiene nada que envidiar a la censura de China”, así arranca un escrito firmado por Simona Levi, fundadora de Xnet.

En su comunicado, Levi considera que el Gobierno, PP y Ciudadanos han utilizado a Cataluña como excusa para imponer “la que es probablemente la norma más liberticida después de la ley de la patada en la puerta del socialista Corcuera en 1992”.

Xnet concluye que el contenido contradice la exposición de motivos que exime como objetivo el amparo y la mejora de “la privacidad y derechos digitales del ciudadano”.

“En realidad el enfoque tecnófobo impone un acceso a la red cada vez más tutelado por parte del Estado. Un Estado que se protege a sí mismo contra los ciudadanos. Como en China. Como la Inquisición”, alerta Simona Levi.

¿Qué dice el decreto?

Los campos de actuación del Decreto Ley “no se limitan en su aplicación a un concepto estricto de una red o un servicio de comunicaciones electrónicas, sino que extienden su eficacia a (…) las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

El Gobierno se otorga la potestad de cortar internet por el concepto de “orden público”. Sin necesidad de mandato judicial, “por decisión de un ministerio”, advierte Xnet, que destaca que lejos de derogarla, el Ejecutivo “se apoya en la ley Mordaza para justificar el Decreto”.

Además, denuncia que las administraciones “pueden pasarse entre sí nuestros datos alegremente, sin la obligación de comunicárnoslo. Lo contrario de lo que dice el Reglamento Europeo”.

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