La reforma de 2014 afecto especialmente a los delitos de narcotráfico
“La reforma de 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a la Jurisdicción Universal tuvo una consecuencia directa: varias decenas de narcos fueron excarcelados después de que dos jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional se declararan incompetentes para investigarlos”.
Los cuenta confilegal.com que explica que en total se excarcelaron 49 narcotraficantes, haciéndose eco de las palabras de Claudia Cano, responsable del Departamento Legal de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), en el curso de su ponencia “La Jurisdicción Universal como Herramienta de Lucha contra el Narcotráfico”.
La experta de FIBGAR señala que esa fue la consecuencia más importante de esta reforma, que tuvo un impacto sin precedentes en la persecución por España de los delitos relacionados con el tráfico de drogas cometidos en aguas internacionales. Lo que se debió a la falta de puntos de conexión entre el delito y nuestro país, “pues las personas apresadas no eran españolas, habían sido sorprendidas a bordo de barcos con banderas no españolas, fueron detenidas en alta mar y no se dirigían a España”.
Según confilegal.com Claudia Cano contó que, tras unas semanas llenas de incertidumbre y desconcierto, en las que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) de 28 de abril de 2014 ratificó las decisiones tomadas por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 3, y de Fernando Andreu, del 4, al considerar que la jurisdicción española ya no era competente para la investigación y enjuiciamiento de estos procedimientos en aplicación de la mencionada reforma.
Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió, por unanimidad, el 23 de julio de 2014, que España era competente para apresar y perseguir a los narcotraficantes y los “narcobarcos” que pudieran ser detenidos en aguas internacionales, revocando, con ello, la decisión de la Audiencia Nacional.
El Supremo estimó que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, firmado en Viena, otorgaba jurisdicción a nuestro país para apresar barcos que lleven droga en alta mar, devolviendo las cosas a su estado natural.
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