Impuestos
Según ha destacado EAPN-ES, el SMI encadena un aumento del 60,9% desde 2018, pasando de 735,90 euros mensuales a 1.184 euros en 2025 (448,10 euros más) y, citando estimaciones de CCOO, esta subida beneficiará a unos 2,1 millones de personas trabajadoras en España, «especialmente a los grupos sociales más afectados por la precariedad laboral: mujeres, población joven, con contrato temporal, en ocupaciones elementales y en sectores como la agricultura, la hostelería o el comercio».
Desde la EAPN-ES celebran este acuerdo como «un avance significativo en la lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza laboral» y recuerdan que, en España, 2,5 millones de personas son pobres pese a tener un empleo, según el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza’.
Si bien, desde la red han mostrado su rechazo a la decisión de Hacienda de aplicar el IRPF al SMI, e instan al Gobierno a elevar el umbral exento del IRPF como en años anteriores, para evitar los efectos de esta medida en sectores de la población más vulnerable.
Según indican, citando el Informe de la Comisión de Expertos del SMI, la medida afectará a medio millón de personas, el 20% de las cerca de 2,5 millones que cobran el SMI, la mayoría solteras y sin cargas, y muchas de ellas jóvenes en sus primeros empleos, que abonarán 300,05 euros al año.
EAPN-ES recuerda que las personas jóvenes en España enfrentan «dificultades específicas», especialmente en lo referido al mercado laboral y al acceso a la vivienda. En concreto, precisan que la tasa de temporalidad de las personas ocupadas de 16 a 29 años es más del doble que la registrada a nivel general (34,7% frente a 15,7%), y el paro juvenil excede la cifra de la población total: un 21,4% frente al 12,2%.
Esta situación, según advierten, deriva en una problemática de pobreza entre la juventud que alcanza a más de 1,5 millones de jóvenes, «a lo que se suma la actual crisis de los alquileres».
Por todo ello, desde la entidad piden al Gobierno «apostar por un sistema fiscal justo y una redistribución de la riqueza que garantice la cohesión social y refuerce el Estado del Bienestar, poniendo más presión recaudatoria en las rentas más altas».
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