«La prisión permanente revisable es populismo punitivo»

PP y Ciudadanos han entrado en especie de competición en la que gana el que más ofrezca endurecer el Código Penal a raíz de casos como el de Diana Quer. Sobre ello se ha manifestado hoy Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, que en una entrevista en Cadena Ser ha considerado que “hay una utilización del dolor de las víctimas para obtener réditos electorales”.

El juez ha valorado el proyecto de ley que el Gobierno presenta este viernes para incluir nuevos tipos en la pena de prisión permanente revisable, de manera que puedan ser condenados a esta condena aquellos que oculten el cadáver de un asesinado o no colaboren en su búsqueda, propuestas que describen casos recientes que conmovieron a la opinión pública como el asesinato de Marta del Castillo.

También a quien provoque un incendio que ponga en peligro la vida de las personas o a quienes hagan determinados usos de elementos químicos o nucleares. Revisiones que, según González, suponen “una pena innecesaria” en un país como España.

“Desde 2003 ha habido un endurecimiento muy importante de las penas que establece nuestro código, que además es uno de los más duros del entorno europeo teniendo en cuenta el bajo índice de criminalidad que existe en nuestra sociedad”, explica.

En su opinión, lo que está ocurriendo con las propuestas de PP y Ciudadanos en un contexto en el que no existe alarma por incremento de este tipo de delitos, se trata de “un populismo punitivo”, entendido como una campaña que usa el dolor de los casos más llamativos para conseguir adeptos políticos.

El magistrado ha destacado, por ejemplo, que “hasta la fecha, desde 2015 la prisión permanente revisable se ha aplicado en un solo caso, al parricida de Moaña”, lo que, en su opinión, demuestra que ampliar los supuestos de condena no cubre ningún hueco legal, sino que tiene un objetivo puramente partidista.

“Es una instrumentalización del dolor de las víctimas para obtener réditos electorales”, ha defendido Ignacio González, que ha negado que este cambio pueda ayudar en la prevención de delitos.

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