Tal y como avanza El Confidencial y confirman fuentes del caso a Europa Press, el magistrado Joaquín Gadea había acordado ese requerimiento, que en caso de no llegar a buen puerto debía traducirse en una entrada y registro del domicilio, como así ha acabado ocurriendo dado que no han encontrado colaboración. La Audiencia Nacional acordaba esa petición de un documento en concreto –se desconoce la naturaleza del mismo– después de que Corrochano declarara ante el juez el pasado martes.
Otras fuentes consultadas apuntan que esa petición de documentación se acordaba después de que el exdirectivo del BBVA no respondiera a las preguntas de Anticorrupción durante el interrogatorio como imputado que se realizó este martes en sede judicial.
LA ORDEN DE CONTRATAR A CENYT
En concreto, ayer declararon ante Gadea el que fuera consejero delegado de la entidad Ángel Cano y el ex jefe de Seguridad Julio Corrochano. Coincidieron ambos en que se contrató a CENYT, la compañía del comisario José Manuel Villarejo, porque el entonces presidente del banco, Francisco González, requirió los servicios de una empresa de investigación ante las maniobras hostiles de Sacyr.
Corrochano, que solo contestó a su defensa, ratificó el escrito enviado a la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, declarando que fue González quien le hizo directamente el encargo de hacer una investigación sobre los temas que en ese momento preocupaban al BBVA.
En ese escrito precisó que Cano, su «superior inmediato», le avisó el día anterior de que González quería verle avanzándole ya el mismo día que el asunto a tratar sería «la necesidad de contratar un servicio de información e inteligencia en relación a una OPA que se estaba organizando».
Según las fuentes consultadas por Europa Press, este martes no se le preguntó específicamente si la orden de González fue contratar a CENYT, pero Corrochano plasmó en su escrito que conocía a la empresa de Villarejo hacía años y que la eligió el Departamento de Seguridad, concretamente él mismo.
