Policía Nacional
La Policía Nacional está profundamente molesta por cómo está gestionando el dispositivo catalán la dirección del Cuerpo y la cúpula del Ministerio del Interior. La última razón, consideran que Juan Ignacio Zoido y el Gobierno de Mariano Rajoy no están haciendo lo suficiente para frenar el “acoso” que están sintiendo los agentes desplazados en distintas partes de Cataluña.
De hecho, varias decenas de policías han sido trasladados a centros militares y a otros hoteles, a la vista de los ‘escraches’ recibidos en municipios como Calella o Pineda del Mar. Según ellos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha hecho lo suficiente para impedir esos actos.
Por esa razón advierten a Interior que si no revierte la situación comenzarán a pedir dimisiones del director general del Cuerpo, Germán López, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP critican los «ataques, acoso, persecución y señalamiento» en una campaña «simultánea» en la que se han elegido objetivos como hoteles y comisarías para «poner en el centro de la presión de determinado sector social a quienes se han limitado a cumplir con la legalidad durante el 1-O, por orden judicial».
El ministro del Interior parece haber escuchado sus opiniones y ha asegurado este martes que el Gobierno tomará “todas las medidas necesarias para frenar actos de asedio tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil”.
Una de las primeras medidas es alargar la estancia de los agentes desplazados, cuya ‘retirada’ estaba prevista para finales de esta semana. La fecha se desplaza hasta el 11 de octubre para “garantizar la libertad y derechos de todos los catalanes”, ha afirmado Zoido en una comparecencia sin preguntas.
Las asociaciones de guardias civiles, según informa Europa Press, también han reclamado que se proteja a los agentes que desempeñan su trabajo amparados por el mandato judicial. Todas las organizaciones profesionales han pedido al Estado que actúe ya para frenar lo que interpretan como una «campaña orquestada por una minoría radical para dinamitar el marco de convivencia».
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