Texto introductorio: Una nueva polémica sacude el entorno de Se Acabó La Fiesta (SALF). Esta vez, por la publicación de información confidencial de miembros del Gobierno y otros partidos políticos en un chat de Telegram con más de 95.000 seguidores, donde circulan habitualmente teorías conspirativas y mensajes de odio. Entre los afectados se encuentran ministros en activo, como María Jesús Montero o Grande-Marlaska, así como antiguos responsables del PP. La Policía española ya ha iniciado una investigación para identificar a los autores de la filtración.
Filtración de datos en un foro de seguidores de Alvise Pérez
La mañana del jueves se publicaron en un chat de Telegram denominado ‘Chat sobre Alvise Pérez’ los datos personales de numerosos políticos. El contenido incluía números de teléfono, correos electrónicos y números de DNI, lo que constituye una grave vulneración de la protección de datos personales.
Los afectados pertenecen a distintos partidos políticos. Entre ellos figuran la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. También se vieron afectados exmiembros del Partido Popular como María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez, además de cargos vinculados a Podemos.
El canal, con más de 95.000 usuarios, comparte habitualmente contenidos conspiranoicos y discursos de odio
Los datos fueron eliminados posteriormente, pero su difusión inicial ya ha provocado una respuesta de las autoridades. Según informó RTVE, la Policía investiga a dos usuarios: el que publicó originalmente los datos y otro que los replicó poco después.
El grupo de Telegram, foco habitual de polémicas y discursos de odio
El chat de Telegram donde se difundió la información está vinculado al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez, quien además participa activamente en él, publicando contenido propio y compartiendo mensajes con sus seguidores.
Este canal ya ha sido objeto de investigaciones judiciales en el pasado. En mayo, el Tribunal Supremo abrió una tercera causa penal contra Alvise Pérez por publicar mensajes de odio y acoso contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, precisamente en ese mismo canal.
Este viernes 20 de junio, Alvise Pérez declarará voluntariamente ante el Tribunal Supremo por otra causa de incitación al odio
Reacción política y consecuencias legales
La filtración ha generado inquietud en el Gobierno y entre los partidos afectados. La difusión pública de datos personales sensibles podría conllevar sanciones penales y administrativas tanto para los autores materiales como para los administradores del canal si se demuestra su implicación.
El caso también reabre el debate sobre la regulación de contenidos en redes sociales y plataformas de mensajería, especialmente aquellas con un uso masivo y escasa moderación como Telegram.
