Lo dijo en una entrevista concedida a Servimedia en la que mostró su inclinación a que se investiguen estos hechos, ya que “el cuidado es un derecho, ser cuidado es un derecho y un derecho es la salud”.
A pesar de atestiguar que “no sabemos si efectivamente algunas comunidades o algunos centros negaron a los residentes acudir a los hospitales; si eso se puede probar, se ha violado un derecho, entonces se debe investigar”.
Recordó que la pandemia “nos cogió desprevenidos” y demostró la “debilidad del sistema de salud, que creíamos el mejor del mundo”, lo que le sirvió para insistir que ha de ser la Fiscalía la que determine si “a muchos se les ha negado la atención hospitalaria”, ya que “es dramático lo que se vivió con las personas mayores, el colectivo más dañado durante la pandemia”.
En cuanto a la situación que vive la Atención Primaria, lamentó que las autoridades no entiendan que ésta es “más barata” que las urgencias hospitalarias, además de constituir un elemento “fundamental” para “prevenir”.
Respecto a la desinstitucionalización de los cuidados, reseñó la importancia de que las residencias de mayores sean “hogares” que se estructuren en “unidades de convivencia». A pesar de ello, llamó a tener presente que “a la mayoría le gustaría envejecer en casa”, para lo que se impone contar con “una atención a domicilio adecuada, teleasistencia de última generación, centros de día y asistentes personales”.
Por último, conminó a “profesionalizar a los cuidadores” a partir de tres premisas: que estén “bien remunerados, decentemente retribuidos y bien formados”.
