La Plataforma de la Dependencia lleva a los tribunales a Page

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha dado un paso más en el enfrentamiento que mantienen desde hace años con el Gobierno de Emiliano García- Page y ha decidido recurrir ante el Tribunal Superior de justicia de la región (TSJCM), el decreto 1/2019 de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la región. El decreto que fue publicado ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, introduce, en opinión de la juta directiva de dicha asociación “auténticas barbaridades” por lo que piden que sea impugnado por los tribunales.

Esta asociación que defiende los derechos de los dependientes castellano-manchegos denuncia que “tras casi cuatro años esperando el desarrollo de este decreto” ha podido comprobar que “básicamente, viene a dar continuidad al publicado por el anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal y que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, declaró nulo de pleno derecho”. Critican que el decreto, que dicen se ha elaborado “sin consulta alguna al colectivo de personas dependientes de la comunidad, continua “dilatando la resolución de los Planes Individuales de Atención a las personas dependientes referidos a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (P.E.C.E.F.). “Unas prestaciones que han descendido en lo que llevamos de legislatura en casi 4.000” lo que está provocando un “gran sufrimiento a este colectivo sobre todo para los grandes dependientes”.

«Uso electoralista»

La plataforma informa en un comunicado que las “teóricas mejoras” desarrolladas en el nuevo decreto de la Dependencia, como la posibilidad de compatibilizar Centro de Día con el 50% de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar`, así como la cuantía máxima para prestaciones vinculadas al servicio de dependientes severos, no entrara en vigor hasta dentro de seis meses, es decir, hasta julio de este año no serían efectivas y hacen notar que eso ocurrirá “curiosamente cuando hayan pasado las elecciones autonómicas que se celebraran en el mes de mayo” lo que consideran , “un claro intento de utilizar electoralmente, una vez más al colectivo de dependientes.

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