La patronal quería una menor subida del SMI pero dice que elevarlo a 950 euros es «menos malo que a 1.000»

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) han asegurado que le habría gustado una subida menor del Salario Mínimo, si bien consideran que elevarlo a 950 euros es «menos malo que elevarlo a 1.000 euros», aunque han reclamado que de forma «urgentísima» el Gobierno cambie la ley de no indexación de los contratos públicos para que las empresas se vean compensadas en los contratos públicos por el alza del SMI.

Así lo han señalado los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gobierno con los sindicatos y los empresarios, en la que se ha consensuado subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,55%, hasta los 950 euros este año, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Garamendi ha explicado que la patronal ha visto «adecuado» elevar el SMI a 950 euros, aunque ha reconocido que en toda negociación «siempre quedan pelos en la gatera», ya que le hubiese gustado que fuese «menos» porque el impacto del alza salarial del 22,3% del año pasado, hasta 900 euros, ha sido «muy importante», algo que posteriormente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado «categóricamente».

En todo caso, Garamendi ha subrayado la «voluntad de diálogo y de trabajar por el país» de la patronal, y ha reconocido que a los empresarios les preocupaba «mucho más» la «legítima» cifra de 1.000 euros, porque «no era la cantidad adecuada», por lo que han decidido negociar y dar su «ok» a subir el SMI a 950 euros.

No obstante, ha reclamado que de forma «urgentísima» el Gobierno cambie la ley de no indexación de los contratos públicos, al ser «muy complicado» un contexto de alza del SMI y que las empresas no puedan verse compensadas en los contratos públicos.

Actualmente, ha explicado, la Ley de Contratos Públicos obliga a permanecer en los contratos mientras no hay otro concurso, algo que la patronal ve como una obligación y que, al trasladárselo a la ministra, ha indicado que «lo entiende y que quiere trasladarlo inmediatamente al Gobierno».

También ha mostrado su preocupación sobre el impacto en el mundo laboral del campo, ya que la subida del SMI le afecta de una manera «especial», motivo por el que ha emplazado al Ejecutivo a sentarse para tratar los problemas del mundo agrario y del campo español.

En relación a si se ha negociado una senda para el SMI, ha defendido que se hable este año del incremento del ejercicio actual y el que viene de otras posibles subidas. «Es tan legítimo y respetable el que quiera hablar de una senda como en nuestro caso que pensamos que hemos hablado de este año y el año que viene hablaremos de lo que tengamos que hablar», ha dicho.

«NO ES BUENO PARA LAS PYMES»

De su lado, el presidente de la patronal de las pymes, Gerardo Cuerva, ha agradecido la apertura del diálogo social, aunque ha admitido que «subir el SMI a 950 euros no es bueno para la pymes, pero es menos malo que subirlo a 1.000», y ha coincidido con Garamendi en alertar sobre la incidencia en el mundo del campo, que «lo está pasando mal».

También ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta a la empresa, ya que «si se quiere velar por los trabajadores, no me imagino que no se vele por la empresa.

«Espero que se abra un diálogo social sincero y sosegado», ha agregado.

REFORMA LABORAL

Preguntados sobre la derogación de aspectos de la reforma laboral de 2012, como el artículo 52.d referido a los despidos por bajas médicas, el presidente de CEOE ha explicado que se les trasladado que está prevista su eliminación y ha lamentado que los empresarios no hayan estado en la mesa de negociación y se vaya a realizar por real decreto ley. En este sentido, ha recordado que lleva «muchos años» en vigor y «nunca» había oído a políticos y sindicatos hablar del mismo.

Respecto a la derogación parcial o total de la reforma laboral, desde CEOE han dicho estar dispuestos a hablar sobre la mejora de la norma, si bien ha admitido que «hay un Gobierno de coalición que está ahí y tiene un programa» que contempla la derogación, por lo que cree que en «algunas cosas» coincidirán y en otras «puede ser que no».

«Vamos a trabajar con independencia, con sentido de Estado y pensando en lo que es bueno para el país, con lealtad institucional», ha apostillado.

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