Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios antes de participar en el evento ‘La Economía española ante la Geopolítica’ organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain). Garamendi ha planteado que el Gobierno se comprometa a un pacto de sostenibilidad y ha advertido de que cualquier desfase que pueda haber con las pensiones puede suponer hasta 15.000 millones más que irían al déficit del Estado.
Considera que hace falta tener «mucho cuidado», en referencia a que el BCE está diciendo que desde julio se acaban los estímulos y las compras, y ha defendido que el concepto no es desindexar, sino ese factor de sostenibilidad. «Estamos diciendo que ese factor de sostenibilidad que se planteó no consiste en subir las cuotas, consiste en hablar de algo más serio», ha añadido.
Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó que que las pensiones se revalorizarán de acuerdo con el IPC, a pesar de que la inflación esté desbocada (en marzo rozó el 10%). “La revalorización de las pensiones está garantizada conforme a la reforma que hizo el Gobierno. No es una cuestión de voluntad política, sino que está inscrito en la ley”, aseguró Sánchez, quien ha insistido en que la escalada de precios es coyuntural y no estructural, desencadenada sobre todo por la guerra en Ucrania y que «habrá una bajada del IPC muy abrupta de 2022 a 2023».
Según el Banco de España, que calcula una inflación media del 7%, la revalorización para 2023 de acuerdo con el IPC supondría un coste extra de 12.600 millones de euros, una cifra que supera la nómina mensual de esta partida. Tomando como punto de partida el gasto aproximado en pensiones en España y una inflación media para el conjunto del año 2022 de un 7% (noviembre sobre noviembre), cada punto que se elevan las pensiones por la revalorización supone 1.800 millones a las cuentas públicas.
Otros cálculos superan estas estimaciones. De acuerdo con el economista de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea Miguel Ángel García, el impacto presupuestario por la vinculación al IPC superaría los 15.000 millones de euros, el equivalente a una paga y media extraordinaria de la nómina de las pensiones. Así que el gasto público total podría ascender a 188.500 millones de euros, un 14% del PIB,
De esta forma, el gasto público total en pensiones se situaría el próximo año en el entorno de los 188.500 millones de euros, un 14% del PIB, frente al 12,3% de 2019, cuando se encontraba en la media de los países de la zona euro.
El presidente de la patronal también ha advertido de que intentar indexar los salarios a la inflación provocaría «más cierres de empresas y más paro» porque las empresas no tienen capacidad para llevar luego esos incrementos a sus ventas.
Por eso, la patronal pide tener «mucho cuidado» en la negociación de los convenios, y especialmente en esa indexación, y ha dicho que se puede hablar de cantidades, pero otra cosa es intentar indexarlo al aumento de precios.
Ha sostenido que en estos momentos hay una situación complicada por esta inflación, en «muchos casos desbocada», y que, a la vez, las empresas, especialmente las pequeñas, están en una situación muy mala y con un problema no solo de liquidez, sino ya de solvencia.
Al preguntársele si esta indexación es una línea roja para la CEOE, Garamendi ha respondido que nunca ha hablado en éstos términos, por lo que, como está sobre la mesa, lo hablarán, aunque «la palabra indexación o revalorización» les preocupa, porque no la ven realista.
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