La patronal de la sanidad privada explica que el pacto suscrito entre estas dos empresas el pasado octubre, y que se aplica desde el 1 de enero, supone que “la gestión de los servicios asistenciales de los asegurados de Generali, y el pago de estos, pasan a ser gestionados directamente por Sanitas, otra compañía aseguradora, resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos mencionados e imponiendo un nuevo marco no acordado”.
De esta manera, denuncia, los centros sanitarios con conciertos suscritos con Sanitas “se están viendo obligados así a asistir a los pacientes de Generali con las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas con Sanitas, no con Generali”. “Hay que recordar que la red de asistencia sanitaria de Sanitas, se soporta en un 99% en centros concertados, no propios”, remarca.
Para ASPE, “el principal efecto que busca este acuerdo, de imposición unilateral, es recortar las tarifas que paga Generali a los centros, hasta un 20% más baratas al absorberse en los acuerdos de Sanitas, con mayor cuota de mercado y capacidad de negociación con los centros sanitarios, haciendo así uso de una posición en el mercado de la que carecería Generali por sí sola”.
En la actualidad, destaca en una nota, la cuota de mercado agregada de ambas compañías supondría el 21,5% del sector de aseguramiento de salud, “lo que supone un marco de imposición a la mayoría de los centros sanitarios de toda España que no pueden permitirse rechazar la prestación del servicio para su propia viabilidad”.
Ante esto, la patronal ha interpuesto una denuncia por estos hechos ante la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el pasado viernes presentó en los juzgados de lo Mercantil de Madrid unas diligencias preliminares previas a la demanda.
Según el dictamen jurídico encargado por ASPE, “las aseguradoras Sanitas y Generali vulneran la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe”. A su juicio, el acuerdo produce distintas consecuencias alejadas del marco normativo. Entre ellas, apunta a “falseamiento de la libre competencia por actos desleales, por imponer unilateralmente la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali distintas de las pactadas”.
A esto suma “la concurrencia de una conducta que elimina la competencia entre ambas compañías y limita la libertad de actuación de los hospitales”.
Asimismo, ASPE denuncia que el acuerdo afecta a los derechos de los asegurados de Generali (más de 150.000), “los cuales pueden verse privados de acudir al profesional sanitario al que acuden habitualmente”. “Situación que se agrava en los casos de asegurados de avanzada edad debido a las dificultades que puede suponer el cambio de compañía aseguradora para personas que padecen enfermedades crónicas y que requieren mayor uso de los servicios sanitarios o patologías complejas (como por ejemplo, cáncer, diabetes o enfermedades neurológicas)”, incide.
La patronal defiende que ha solicitado en reiteradas ocasiones, tanto a Sanitas como a Generali, información sobre el acuerdo para “poder valorar sus consecuencias sobre los centros médicos y poder abordar una posible negociación”.
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