En concreto, explica que, debido a los recortes acometidos en la última década en todos los ámbitos de la economía para sanear las cuentas públicas, el presupuesto destinado a la conservación y seguridad vial se ha visto reducido en un 76%.
Estos recortes han provocado un déficit en el mantenimiento de las carreteras que ya ronda los 7.500 millones de euros, importe que se baraja ahora como el mínimo de inversión que necesitarían las vías para ponerlas a punto.
El abandono de la conservación de las carreteras, cuyo presupuesto compite actualmente con el resto de partidas presupuestarias, como las pensiones o el sistema de sanitario, ha supuesto que las carreteras presenten deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento, según datos de la CNC.
«Además, las perspectivas no son halagüeñas debido, sobre todo, a la limitación de uso de los recursos públicos y al repunte en las partidas de gasto social como son las prestaciones por desempleo o las pensiones, entre otras. Hechos que provocarán que la deuda pública se sitúe en el 116,9% a finales de 2022 y el déficit, en el 5%», argumenta la patronal.
Ante esta situación, la organización propone que con la recaudación de esta tasa se constituya un fondo exclusivo de uso para infraestructuras viarias y de transporte que permita acabar con el déficit y realizar acondicionamientos puntuales, minimizar las emisiones contaminantes CO2, crear carriles reservados, reducir el número de accidentes y adaptar las vías a la nueva movilidad que está por llegar.
En paralelo, cree que también contribuirá a reducir las desigualdades que se han generado a nivel territorial, puesto que únicamente cuatro Comunidades Autónomas concentran más de la mitad de la red de peaje.
Por último, recuerda que solo el 18% de la red viaria de alta capacidad cuenta con el pago de peajes en España, en «clara contraposición» con el modelo vigente en Europa, donde 23 países tienen tarifado el 100% de su red.
