ayuso asamblea
Según publica eldiario.es, recoge Europa Press, el modus operandi que presuntamente utilizó la pareja de Ayuso para no pagar los impuestos de esas operaciones derivó en una denuncia por parte de la Fiscalía de Madrid, que se ha conocido este martes, a raíz de un informe de la Agencia Tributaria.
El fiscal acusa a la pareja de Ayuso, y a otras cuatro personas más, de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
La Agencia Tributaria sostiene que por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, “se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público”.
Según el citado medio, todo está escrito en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad íntegra de Alberto González, remitió a la Agencia Tributaria, que concluyó en la denuncia: de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa de la pareja de Ayuso casi el 85%, 1.973.000 euros, procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de una única operación: un contrato por “intermediar” para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas, para la protección frente al coronavirus.
El PP denunció ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecutivo central durante la pandemia, presentando “pruebas” de las presuntas irregularidades y, entre las empresas objeto de investigación, se encontraba ‘FCS Select Products SL’. Según el PP, esta adjudicación era causa de la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Además, el PP añadía a esto que su actividad social –servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas– tampoco tenía relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros, mientras que en 2020 alcanzó los 236,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.
La Inspección de Hacienda describe a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como “un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos” y destaca que “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”, recoge el citado medio.
Así, FCS Select Products pagó supuestamente a la empresa de la pareja de la presidenta madrileña 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros.
Mape, la compradora del material, es otra empresa que también surtió de guantes y mascarillas a diferentes administraciones públicas. Entre sus clientes estaría la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años, explica eldiario.es, detalla la citada agencia.
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