El escrito presentado por su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, argumenta que la actuación del fiscal general tuvo una “intensidad delincuencial” que habría contaminado el proceso. Sin embargo, la sentencia del Supremo ya advertía de que los jueces no podrán utilizar como prueba mensajes “indebidamente difundidos”.
La defensa sostiene que la actuación del fiscal general vulneró derechos fundamentales y contaminó el procedimiento penal desde su origen
La estrategia basada en la condena al fiscal general
La defensa incorpora ahora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos que ya venía esgrimiendo sobre la supuesta legalidad de las facturas investigadas. Según el escrito, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal” antes de que existiera procedimiento penal formal, lo que, a juicio del empresario, debería anular las acusaciones.
No obstante, la propia sentencia del Supremo cerraba esa vía al subrayar que los magistrados serán “plenamente conscientes” de los límites probatorios respecto a comunicaciones difundidas irregularmente.
El Supremo advirtió de que los mensajes difundidos irregularmente no pueden emplearse como prueba en el juicio
350.951 euros no abonados en el Impuesto de Sociedades
La causa judicial atribuye a González Amador una defraudación de 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, cantidad que, según la Agencia Tributaria, dejó de ingresar mediante una trama de facturas falsas destinadas a reducir la carga tributaria.
El informe de la Agencia Tributaria ha sido avalado por tres jueces de instrucción, la Fiscalía y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo tras percibir casi 2 millones de euros en concepto de comisión por la venta de material sanitario durante el inicio de la pandemia, operación en la que participó junto al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.
| Concepto | Importe en euros |
|---|---|
| Comisión por material sanitario | 2.000.000 |
| Cuota defraudada Impuesto Sociedades 2020-2021 | 350.951 |
| Pena solicitada por Fiscalía | 3 años y 9 meses de cárcel |
La Agencia Tributaria cifra en 350.951 euros la cuota defraudada en 2020 y 2021 tras una comisión cercana a 2 millones de euros
Cuestionamiento del nombramiento de fiscales
Entre los argumentos adicionales, la defensa cuestiona la designación del fiscal Diego Lucas, nombrado por la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, quien estuvo imputada en el procedimiento relacionado con la nota de prensa que desmentía una información periodística y la posterior difusión de un correo electrónico. La causa contra Rodríguez fue archivada.
El escrito también señala que tanto Rodríguez como García Ortiz fueron representados por la Abogacía del Estado, organismo que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria en la causa por fraude fiscal.
La defensa denuncia supuestas interferencias institucionales y cuestiona la designación de los fiscales del caso
Defensa sobre la legalidad de las facturas
La defensa reitera que las facturas investigadas responden a servicios reales, aunque admite posibles errores contables en la imputación temporal de los gastos. Según el escrito, esos gastos deberían haberse contabilizado cuando se produjeran los ingresos asociados, lo que, a su juicio, no constituye delito.
Para el juicio, González Amador propone como prueba su propia declaración, la de los otros cuatro investigados por la emisión de facturas y la comparecencia de dos peritos de parte que defenderán la corrección de las declaraciones tributarias.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para el empresario 3 años y 9 meses de prisión por los dos delitos fiscales y la falsificación documental.
