La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha defendido que España debería llegar a 2022 o 2023 con el sistema de pensiones saneado. Será entonces, dentro de cinco años, cuando se produzca el mayor número de jubilaciones procedentes de las generaciones del ‘baby boom’. Según ha afirmado Valerio en un acto de Europa Press, no hay que tener una “visión catastrofista” de la Seguridad Social, aunque ha reconocido que el Fondo de Reserva está “bastante tocado” y el sistema, “endeudado”.
Para la titular de Trabajo, según recoge la mencionada agencia, “es fundamental reforzar el equilibrio financiero del sistema” y ha apostado por reordenar ingresos y gastos para que políticas sociales, como las prestaciones de maternidad y paternidad, cuyo coste asciende a los de 2.500 millones de euros, se paguen vía el Estado.
Respecto a los ingresos, Valerio ha admitido que el impuesto de transacciones financieras, con el que se espera recaudar 850 millones de euros al año para el sistema de pensiones, es insuficiente. “Hay que inyectar ingresos porque no vale sólo con el impuesto de transacciones financieras”, ha sostenido.
Más allá de esto, la ministra ha destacado que “el problema llega a la hora de afrontar los pagos extraordinarios de junio y diciembre y ahí es donde toca apostar por más empleo, de mayor calidad, mayores salarios, cotizaciones, y más personas trabajando”.
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha manifestado que cada décima de desviación de los precios respecto a la subida de las pensiones de este año (1,6%) supondrá un coste de 128,6 millones de euros en compensación a los pensionistas. Granado, según Europa Press, ha confirmado que para calcular esta compensación este año se tomará como referencia el IPC interanual de diciembre, que el Gobierno prevé que finalice en el 1,9%.
Esto se traduce en una desviación de tres décimas, por lo que la ‘factura’ por la paga compensatoria a los pensionistas será de cerca de 386 millones de euros.
