Así lo han señalado individualmente los portavoces de estas formaciones –Mónica García (Más Madrid), Juan Lobato (PSOE) y Carolina Alonso (Unidas Podemos)– en el registro de sendos escritos ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en los que piden al órgano que estudie el contrato al ver posible que se hubiera incurrido en delitos como cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos.
Por su parte Mónica García ha aseverado que esta sería «la primera piedra» de un caso de corrupción mayor y ha asegurado que no será «la última vez» que su formación acuda a Fiscalía ya que están investigando otros contratos.
Cree la portavoz de Más Madrid que podría haber irregularidades en otros relativos a los aviones con material sanitario fletados por el Ejecutivo regional o la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Así, prevé que habrá «imputaciones» por estos contratos y espera que de confirmarse el hecho delictivo en el caso del vinculado al hermano de Ayuso acaben declarando tanto él como la empresa y «los que han hecho la contratación».
También ha planteado esta posibilidad Juan Lobato, quien además ha apuntado a la propia Ayuso a quien ha reprochado «no haber preguntado» a su hermano por la supuesta comisión y quien, según el socialista, habría dejado la puerta abierta a «otros contratos» irregulares.
Ha recordado que estos procedimientos ya fueron objeto de un Pleno monográfico en la Asamblea del que salió el compromiso de crear una comisión de investigación que «llegara al mínimo detalle» , pero que finalmente «se bloqueó» por PP y Vox.
«Sabemos como funciona el PP, porque especialmente en Madrid tienen una larga trayectoria», ha deslizado el portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas y secretario general de la formación en la región.
UP también ha alertado sobre la posibilidad de que haya más contratos que puedan ser irregulares y ha cargado contra el Ejecutivo autonómico a quien desde su formación «se han pedido explicaciones» pero se han encontrado con «falta de información». «Muchísimos contratos son sospechosamente irregulares», ha remarcado Carolina Alonso.
