Varias agencias de Naciones Unidas han dicho estar «preocupadas» por las aparentes devoluciones forzosas de migrantes bajo la excusa del brote de nuevo coronavirus y han recordado que la lucha contra la pandemia no puede librarse a costa de incumplir los Derechos Humanos y las obligaciones internacionales.
Aunque la restricción de movimientos y el cierre de fronteras pueden ser herramientas «necesarias» para contener el virus, estos límites «deberían incorporar protocolos y procesos sanitarios para garantizar los derechos fundamentales en todo momento», han apuntado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial para la Salud (OMS), el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC).
Así, han recordado que no se puede expulsar a personas a «lugares donde su vida, su seguridad y sus Derechos Humanos se vean amenazados», ni tampoco adoptar medidas «colectivas», sino que es necesario evaluar caso por caso cada devolución y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho en todas las instancias de este proceso.
«Hay obligaciones dentro del Derecho Internacional que no pueden quedar suspendidas y que son vitales para un enfoque adecuado en la lucha contra la COVID-19», han añadido las organizaciones firmantes, que han advertido de que estos retornos también pueden aumentar los riesgos sanitarios «para todos», no solo para los migrantes que se ven afectados directamente por la restricciones.
La Red sobre Migración de la ONU ha reiterado el llamamiento de la organización para atender las necesidades de los migrantes en la actual emergencia sanitaria y ha reconocido que «muchos gobiernos han dado ejemplos positivos» al incluirlos dentro de los programas de respuesta a la pandemia de coronavirus, por ejemplo garantizando permisos de residencia o liberando a personas detenidas.
