Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que esa queja –denominada formalmente como comunicación–, fue presentada en junio de 2020, y es ahora cuando se ha informado de que ha sido registrada. Indican que para lograr ese registro y seguir adelante debe estar bien fundamentada.
El siguiente paso, según han apuntado las mismas fuentes, es que desde Naciones Unidas den traslado sobre la respuesta de España a la defensa de Correa para que sean ellos los que puedan responder.
La representación de Correa tomó la decisión de dirigirse de forma directa a Naciones Unidas después de conocer que el Comité de Derechos Humanos dio la razón al exjuez Baltasar Garzón al concluir que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el ‘caso Gürtel’.
En ese dictamen, el Comité consideraba que Garzón no tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo –por el que fue absuelto– y Gürtel», por lo que acordó que España compense al exmagistrado por el daño causado.
Correa se encuentra encarcelado en la prisión de Valdemoro donde cumple una condena de 92 años de prisión, a los que podrían sumarse otros 77 años por los casos pendientes. Actualmente, se enfrenta en la Audiencia Nacional a una eventual condena por las supuestas adjudicaciones irregulares de la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.
En su declaración el pasado 17 de noviembre Correa se reafirmó en el escrito de confesión que remitió a la Fiscalía Anticorrupción y describió a preguntas del Ministerio Público la dinámica de adjudicaciones irregulares seguida en el Ayuntamiento, dirigido en ésa época por Arturo González Panero, conocido como ‘El Albondiguilla’. «Yo hacía de lobby y, si conseguíamos la adjudicación, me aportaban la comisión correspondiente», detalló entonces.
La principal condena impuesta a Correa fue la dictada por la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo que le impone 51 años de prisión por los primeros años de la ‘Gürtel’ (1999-2005). La última impuesta a Correa fue la condena a 13 años y 7 meses de cárcel por la adjudicación ilegal a su grupo empresarial del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
La primera condena que recibió fue la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en relación con el contrato del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo en las ediciones de 2005 a 2009. Fue condenado a 13 años de cárcel.
A estas penas hay que sumar otros 5 años y 3 meses de prisión por la pieza de la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008, liderado entonces por el ex presidente autonómico Francisco Camps.
A ello se añaden la pena impuesta por las adjudicaciones irregulares de AENA entre los años 2000 y 2002, hechos por los que castigaron a Correa con otros 6 años y 9 meses de cárcel, y la de 3 años de prisión por los contratos con el Ayuntamiento de Jerez.
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