ONU

La ONU: el árbitro al que todos invocan y casi nadie obedece

Cuando el derecho internacional molesta, los Estados descubren que las normas también son opcionales.

ONU (Foto: Tom Page)
ONU (Foto: Tom Page)

La ONU nació para fijar límites al poder, pero hoy esos límites se cruzan con una facilidad inquietante. Desde invasiones militares sin mandato hasta vetos estratégicos que bloquean cualquier sanción, los Estados incumplen las normas internacionales cuando estorban a sus intereses. El problema ya no es solo la desobediencia: es la normalización del incumplimiento.

Hubo un tiempo en que la ONU era un lugar al que se acudía para buscar soluciones. Hoy es, sobre todo, un lugar al que se acude para justificarse. Se invoca la legalidad internacional en los discursos y se la esquiva en la práctica, como si la Carta de las Naciones Unidas fuera un texto inspirador pero no vinculante.

La paradoja es brutal: nunca hubo tantas resoluciones, informes, relatorías y advertencias… y nunca fueron tan ignoradas. La ONU no ha perdido legitimidad por falta de razón, sino por exceso de impotencia.

El derecho internacional se respeta solo cuando no contradice los intereses de las potencias

El veto como coartada

El Consejo de Seguridad, diseñado para evitar guerras entre grandes potencias, se ha convertido en el principal mecanismo de bloqueo de la justicia internacional. Cinco países con derecho de veto deciden qué tragedias merecen condena y cuáles pueden continuar sin consecuencias.

Cuando conviene, se habla de soberanía. Cuando estorba, de “operaciones defensivas”. Cuando hay víctimas, de “contexto complejo”.

El resultado es un sistema donde la legalidad no es universal, sino selectiva. No se aplica igual a todos ni en todos los casos. Y eso erosiona la idea misma de normas comunes.

El veto ha transformado la ONU de garante del orden internacional en espectador cualificado

La hipocresía global, sin complejos

Países que exigen sanciones a sus rivales las rechazan cuando se trata de aliados. Estados que defienden los derechos humanos miran hacia otro lado cuando el socio comercial de turno los vulnera. Y mientras tanto, la ONU emite comunicados que empiezan a sonar como actas notariales del fracaso.

No es que las normas no existan. Existen. Lo que no existe es voluntad política para cumplirlas cuando el coste es real.

Y aquí conviene una incomodidad progresista: durante décadas se defendió el multilateralismo como alternativa ética al unilateralismo. Pero hoy ese multilateralismo se sostiene sobre equilibrios de poder tan injustos como los que pretendía corregir.

El multilateralismo se vacía cuando sirve más para justificar que para limitar el poder

¿Para qué sirve entonces la ONU?

Sirve, aún, para algo fundamental: dejar constancia. Documentar crímenes, registrar abusos, fijar un relato que el poder preferiría borrar. Puede parecer poco, pero sin esa memoria institucional la impunidad sería absoluta.

Sin embargo, no basta. Una ONU que solo observa acaba convertida en escenografía moral: todos la citan, nadie la teme.

Reformar el sistema ya no es una consigna idealista, es una urgencia democrática global:

  • limitar el uso del veto

  • reforzar los mecanismos sancionadores

  • blindar la independencia de los organismos de derechos humanos

  • y, sobre todo, asumir que el derecho internacional no puede depender del tamaño del ejército ni del peso económico

La ONU no ha fracasado porque sus principios sean erróneos, sino porque los Estados más poderosos decidieron que las normas son obligatorias solo para los demás. Mientras eso no cambie, seguiremos asistiendo a un teatro cínico donde todos hablan de paz, legalidad y derechos… mientras los violan con impecable retórica diplomática.

El verdadero problema no es que la ONU sea débil. Es que el mundo se ha acostumbrado a que la fuerza esté por encima de la norma.

Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un desorden internacional: estamos ante una renuncia colectiva.

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