La ONU denuncia abusos de DDHH «generalizados» en Filipinas y lamenta la retórica «incendiaria» de Duterte

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado que, al albor de la ‘guerra contra las drogas’ lanzada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y de los riesgos para la seguridad nacional se han producido en estos últimos años abusos «generalizados», en un contexto agudizado también por el lenguaje «incendiario» del Gobierno.

Según un informe de Naciones Unidas, las violaciones de derechos y libertades no son nuevas en Filipinas, pero sí han empeorado en estos últimos años, como quedaría de manifiesto con las muertes de «numerosos» activistas, periodistas, sindicalistas o abogados en los últimos años –248 entre 2015 y 2019– y, en particular, con las operaciones antidrogas.

Las cifras oficiales solo reconocen 8.663 fallecidos en esta ‘guerra’ lanzada por Duterte, pero otras estimaciones hablan de más del triple, sin que las autoridades parezcan dispuestas a rendir cuentas. La ONU ha denunciado la persistente impunidad, ya que desde 2016 solo ha habido una condena por la muerte de un sospechoso de traficar con drogas, según consta en el informe difundido este jueves.

En este sentido, los expertos consideran que las «graves violaciones», alentadas por los esfuerzos para combatir las amenazas para la seguridad nacional –«reales o exageradas»– y por la «peligrosa retórica» de altos cargos, han eclipsado en Filipinas los logros en materia de derechos económicos y sociales de años anteriores.

IMPUNIDAD GENERALIZADA
Las personas entrevistadas en este informe dan cuenta de que «los obstáculos prácticos al acceso a la justicia son prácticamente insalvables», por lo que los expertos internacionales ven necesario que haya investigaciones «independientes, imparciales y creíbles» para que pueda saberse a ciencia cierta lo ocurrido en estos últimos años.

El informe critica el lenguaje bélico utilizado por autoridades «del más alto nivel» en Filipinas, a las que han recriminado que alienten el uso de la fuerza letal. La Policía, señala, podría entender que tiene «un permiso para matar» o para actuar sin seguir unos mínimos protocolos, teniendo en cuenta quizás que luego nadie les pedirá explicaciones.

Según la ONU, las fuerzas de seguridad realizan registros sin orden judicial de forma recurrente y, tras analizar 25 operaciones que concluyeron con 45 muertos en 2016 y 2017, habría quedado en evidencia que los agentes «recuperaron repetidamente pistolas con el mismo número de serie a diferentes víctimas en diferentes lugares», lo que daría pie a pensar que fueron colocadas por los propios agentes para justificar que las víctimas iban armadas.

CONTRA LA DISIDENCIA
El lenguaje «incendiario», que podría suponer una violación del Derecho Internacional si se vincula a la «privación arbitraria de la vida», se ha extendido en estos últimos años no solo contra traficantes y consumidores de drogas, sino también contra mujeres, miembros de la sociedad civil, indígenas o periodistas, entre otros colectivos.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha considerado «vital» que las autoridades de Filipinas adopten un nuevo enfoque en materia de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que «la rendición de cuentas y la transparencia plena (…) son esenciales para la confianza pública» y para evitar casos como los recogidos en el informe, donde hay testimonios «desoladores».

«Las personas que consumen o venden drogas no pierden sus Derechos Humanos», ha advertido la expresidenta chilena, quien también ha recordado que no se puede catalogar como «simpatizante del terrorismo» a todo aquel que discrepe o critique al Gobierno de Duterte. El informe constata que la persecución de la disidencia es una práctica «cada vez más institucionalizada y normalizada» en Filipinas.

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