El informe, presentado ante la Asamblea General de la ONU, sostiene que los recortes y las condiciones impuestas a las prestaciones sociales han convertido los sistemas de bienestar en instrumentos de control y vigilancia, en lugar de mecanismos de apoyo. “Programas diseñados para proporcionar seguridad básica ahora castigan y estigmatizan a las personas a las que deberían proteger”, explica De Schutter.
Según el relator, estas medidas, justificadas en nombre de la eficiencia, han aumentado la inseguridad económica y erosionado la confianza en las instituciones públicas.
Las reformas de austeridad han alimentado el descontento y abierto espacio político a movimientos que explotan el malestar social
De Schutter advierte de que las políticas restrictivas han reducido el acceso a servicios básicos, obligado a aceptar empleos precarios y fomentado el uso de algoritmos para vigilar a los beneficiarios, clasificando erróneamente casos de pobreza como situaciones de maltrato.
El informe destaca la relación directa entre desigualdad y auge de partidos populistas. Un estudio citado por la ONU revela que un incremento de un punto en la desigualdad de ingresos se asocia con un aumento casi idéntico en el apoyo a formaciones de extrema derecha.
Los populistas, explica el relator, se presentan como “campeones de los olvidados” pero, una vez en el poder, mantienen los privilegios de las élites económicas. En muchos casos, recortan la asistencia alimentaria, la atención médica y otras prestaciones básicas, profundizando el ciclo de pobreza y frustración.
El debilitamiento de la protección social se convierte en combustible político para quienes promueven la exclusión y el resentimiento
En países tan dispares como Argentina, Reino Unido o Estados Unidos, los recortes fiscales han transferido riqueza de los hogares más pobres hacia los más ricos, debilitando el tejido social y aumentando la sensación de abandono.
| Mecanismo aplicado | Efecto sobre las personas en pobreza |
|---|---|
| Condicionalidades y sanciones | Incrementa la inseguridad y el miedo a perder la ayuda |
| Vigilancia algorítmica y estigmatización | Genera desconfianza y reduce la dignidad del beneficiario |
| Reducción de gasto en sanidad o asistencia alimentaria | Aumenta la exclusión y la desigualdad |
| Transferencia fiscal hacia sectores altos | Refuerza los privilegios y la concentración de riqueza |
De Schutter subraya que estas políticas no son neutras: representan una decisión deliberada de exclusión, que corta el sustento de los pobres y recompensa a los estratos más ricos bajo el argumento de proteger el presupuesto público.
El relator especial llama a los gobiernos a adoptar un enfoque universal de la protección social, basado en los derechos humanos y no en la caridad o la condicionalidad. “Miles de personas en situación de pobreza me dicen que se sienten estigmatizadas y vigiladas en lugar de apoyadas”, lamenta De Schutter.
La protección social no es un favor del Estado, sino un derecho esencial para garantizar dignidad y cohesión social
A su juicio, los Estados deben invertir en sistemas inclusivos que refuercen la seguridad económica y reduzcan las desigualdades, en lugar de penalizar la pobreza. Replantear el Estado del bienestar, añade, es clave no solo para erradicar la exclusión, sino también para proteger la democracia frente al populismo autoritario.
Aunque el informe tiene alcance global, las conclusiones son especialmente pertinentes para Europa, donde el debate sobre austeridad, trabajo precario y gasto social sigue vigente. En países como España, reforzar la protección social universal es también una herramienta para contener la polarización política y garantizar la cohesión democrática.
De Schutter concluye que solo un modelo de bienestar sólido y basado en derechos puede frenar la expansión del descontento y evitar que el malestar económico se convierta en capital político para la extrema derecha.
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