Así, ha criticado la «criminalización» de ciertas actividades que son «legítimas», lo que a menudo se traduce en «sentencias de prisión largas y desproporcionadas» y en una reclusión marcada por «tratos crueles, inhumanos y degradantes» e incluso «tortura», según consta en un comunicado.
«Instamos al Gobierno de Marruecos a dejar de atacar a los defensores de Derechos Humanos y a los periodistas por hacer su trabajo y a crear un ambiente en el que puedan realizar dicho trabajo sin miedo a represalias», ha dicho Lowler en un mensaje que secundan también otros expertos vinculados a la organización internacional.
La relatora ha advertido de que la persecución «es abominable y perjudica a la sociedad en su conjunto» y ha citado entre los casos preocupantes los de los activistas Naama Asfari y Jatri Dadda, condenados a sendas penas de 30 y 20 años de cárcel. También ha citado el de Sultana Jaya, recluida desde noviembre de 2020 en su vivienda de El Aaiún y víctima recurrente de ataques.
Los abusos incluirían también «intimidación, acoso, amenazas de muerte, criminalización, abusos físicos y sexuales, amenazas de violación y vigilancia», lo que de confirmarse supondrían, según Lowler, una violación del Derecho Internacional y una mancha en el supuesto «compromiso (de Marruecos) con el sistema de Naciones Unidas en su conjunto».
