Energías renovables
El Gobierno celebra este miércoles la segunda ‘macrosubasta’ de adjudicación de nuevas instalaciones renovables del 2017, tras la llevada a cabo el pasado mes de mayo, en la que presión competitiva fue tal que los incentivos quedaron reducidos a cero. Pese al apetito del sector de las energías verdes tras años de barbecho, la precipitación actual del Ejecutivo en el camino hacia la transición energética ha hecho saltar las alarmas. La patronal renovable alertaba hace un mes de que la nueva puja, que pondrá en juego 3.000 MW, podría derivar en una “burbuja de instalaciones”.
Según explicaba la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, los 6.000 megavatios (MW) subastados en conjunto en el año tendrán que instalarse antes del final de 2019, lo que supone una “acumulación de potencia” a poner en marcha “en un corto período de tiempo”. Será una “carga excesiva” que “encarecerá la ejecución de los proyectos y, en última instancia, pone en riesgo la propia instalación”, advertía.
Falsa neutralidad
Las empresas achacan esta celeridad del Ministerio de Energía a la falta de planificación y piden un calendario más estudiado. Además, se quejan de la falsa neutralidad tecnológica de la puja de la que presume el ministro Álvaro Nadal.
En una publicación más reciente, el director General de APPA Renovables, José María González Moya aseguraba que “sin subastas específicas negamos a biomasa, minihidráulica y el resto de tecnologías la posibilidad de desarrollarse y experimentar la reducción de costes que han vivido eólica y fotovoltaica”. En la puja de mayo, casi toda la potencia fue a para a la eólica, pues lo que se tiene en cuenta básicamente es el componente financiero y, en caso de empate de la oferta, tiene preferencia el proyecto que produzca durante más horas. Esta condición favorece al viento.
Al respecto el director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha señalado a Efe antes de la nueva puja que las condiciones “priorizan a la eólica y no dejan ejercer el grado de competitividad que tiene la energía fotovoltaica”.
En la puja celebrada en mayo, el grupo aragonés Forestalia arrasó llevándose 1.200 MW, cerca de la mitad, mientras que la pequeña fotovoltaica se quedó prácticamente sin nada.
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