La Mesa de la Asamblea de Madrid sale en defensa de Cifuentes por la adjudicación de la cafetería

La Asamblea de Madrid está en el ojo del huracán. La adjudicación de los contratos de cafetería, cocinas y comedores del Parlamento madrileño a la empresa Grupo Cantoblanco ha llamado la atención de la Guardia Civil, que ha reclamado la imputación de Cristina Cifuentes; algo que ha rechazado la Audiencia Nacional. Sin embargo, la propia Mesa de la Asamblea de Madrid ha querido salir al paso de las últimas informaciones.

El órgano rector del Parlamento ha precisado que el proceso de contratación que se señala “no responde a ninguna decisión individual”. De hecho, todo lo contrario: “Es un proceso reglado, en el que intervienen tres órganos colegiados de manera sucesiva, y que cuenta con la participación de miembros de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria”.

De esta manera, la Mesa de la Asamblea ha remarcado que las decisiones se adoptaron “en todo momento por unanimidad, y en base, exclusivamente, a criterios técnicos”. Un proceso en el que intervinieron los expertos, la Mesa de Contratación y, finalmente, el propio órgano que hoy ha querido justificarse y que es quien “efectúa la adjudicación”.

Una Presidencia de la Mesa de Contratación que, por delegación del presidente de la Asamblea, como ha recordado la institución, ostentó la propia Cifuentes entre 2007 y 2011. Sin embargo, la Mesa de la Asamblea ha apuntado que la responsabilidad es compartida al ser un “órgano plural, sujeto a un procedimiento reglado, con decisiones colegiadas, que respetan los criterios técnicos”.

Asimismo, este órgano del Parlamento madrileño por aquella época lo ocupaban cuatro técnicos y tres políticos “de distinto signo”: del Partido Popular, del PSOE y de Izquierda Unida. “Además, cuando en una convocatoria existen criterios que dependen de un juicio de valor, se constituye un Comité de Expertos, y estos criterios son emitidos a través del informe de un funcionario, que se admite habitualmente sin objeciones por el resto de los miembros”, ha matizado la Mesa de la Asamblea de Madrid.

Una tradición que, según han aseverado, se llevó a cabo con el concurso que sospecha la Guardia Civil: “El técnico que formaba parte del Comité de Experto emitió el correspondiente informe, que fue ratificado sin modificación alguna por el resto de los miembros, entre ellos, Cristina Cifuentes, siguiéndose en todo momento principios de objetividad, imparcialidad y legalidad”.

Y, en todo caso, como han reseñado desde el Parlamento regional, “en ningún momento” nadie de las mesas encargadas de esta adjudicación cuestionó la composición de este Comité de Expertos. Un conjunto de técnicos donde Cifuentes estaba presente “por designación de la Mesa de la Asamblea de Madrid”. Y que ha elevado las sospechas de la UCO ya que es “completamente irregular y anómalo” que se valoren las ofertas a la vez que se preside la mesa de contratación.

La Mesa de la Asamblea niega intencionalidad alguna

Según los agentes, esto constituye que “hubo arbitrariedad” y “un trato diferente para situaciones idénticas” en las adjudicaciones, ya que Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen la experiencia”. Por lo que Cifuentes pudo tener la “intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento”. Algo que la Mesa de la Asamblea ha rechazado este martes.

Una negativa que el órgano ha lanzado apoyándose, entre otras cuestiones, a que una vez efectuada la adjudicación, “ninguna de las empresas que participaron en el concurso presentó recurso o alegación alguna para mostrar su discrepancia con el resultado”. Asimismo, la Mesa de la Asamblea de Madrid ha aseverado que el movimiento de dinero adjudicación-financiación del PP en este caso es imposible: “Cifuentes dejó de ser vocal de la Fundación en 2008, un año antes del primero de los concursos objeto de investigación”.

“Durante el periodo en el que formó parte de Fundescam como vocal, no intervino en ninguna de las actividades de la Fundación, y mucho menos en la toma de decisiones económicas, que corresponden a los vocales apoderados, condición que Cristina Cifuentes no ostentó en ningún momento”, ha declarado el órgano de la Asamblea, a través de un comunicado.

Por todo ello, las conclusiones de la Mesa de la Asamblea son que toda esta investigación “se trata de un asunto de carácter estrictamente administrativo”. Ni hablar de corrupción política. Y menos al ver que, según han recalcado, la presidenta de la Comunidad de Madrid siguió la “normativa legal” apoyándose en los “principios de objetividad, imparcialidad y legalidad” que facilitaron los técnicos”.

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