La marea blanca mira a las autonómicas y exige la reversión de los hospitales privatizados

Marea blanca
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El futuro de la sanidad se juega el 26 de mayo, en las elecciones autonómicas. Algo de lo que son conscientes los defensores de la sanidad pública que recalcan la “especial importancia” de estos comicios. Así, la marea blanca apunta con firmeza a un objetivo: que los partidos se comprometan a poner fin definitivamente a la privatización.

“Va a definir la política sanitaria de las comunidades”, señalan desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la jornada electoral de dentro de tres domingos. Y es ahí donde buscan arrancar compromisos a los partidos que se presentan mirando al proceso privatizador.

En este sentido, el colectivo exige que en la próxima legislatura autonómica se recuperen “los centros privatizados estableciendo programas escalonados de reversión”. Es más, instan a que se garantice por ley la “provisión pública prioritaria de las prestaciones financiadas con fondos públicos y paralizar maniobras privatizadoras como las unidades de gestión clínica”.

En total, la FADSP pone sobre la mesa 24 medidas para recuperar a la sanidad pública del “proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones” con la “excusa de la crisis”.

Eso sí, el colectivo alerta de que se debe evitar un camino: el de los “gobierno del tripartito neoliberal de ultraderecha que está empeñado en desmantelar los servicios públicos”.

Entre las propuestas, tampoco faltan guiños a La Moncloa como reclamar la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y acabar con los copagos. Mientras, se declara como decisivo que se recuperen las dotaciones de personal e infraestructuras “que existían previamente a los recortes”.

“También es necesaria la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria”, recalcan desde la FADSP. Asimismo, la marea blanca marca como prioritario que se establezcan estándares mínimos y ponderados de recursos: x camas o trabajadores por cada 1.000 habitantes.

Por último, entre algunas de las iniciativas, se mira a “potenciar la Atención Primaria” o a que se establezcan “auditorias sobre los gastos de las Consejerías de Sanidad de las CCAA”.

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