La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros siete ex altos cargos de aquella administración, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas por malvender miles de viviendas protegidas a un ‘fondo buitre’ en octubre de 2013. Según el órgano auditor, este proceso de venta revela que los problemas financieros de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo no se debieron a la crisis financiera sino a la mala gestión.
“La EMVS no entró en una mala situación financiera por la crisis económica sino por su mala gestión”, concluye el Tribunal de Cuentas en una sentencia que señala a Ana Botella y a Fermín Oslé Uranga, por entonces Consejero Delegado de la EMVS, como principales responsables de una venta que deterioró considerablemente el patrimonio del Ayuntamiento de Madrid.
La empresa municipal de vivienda procedió durante su gestión a la venta de inmuebles sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta, sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores. Lo que supone la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos.
De hecho, en la venta al grupo Fidere – filial del fondo Blackstone – de 18 promociones de viviendas protegidas que comprenden 1.860 viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento con opción a compra, quienes fijaron el precio de venta fueron los propios interesados en la compra.
El precio de venta final de las 18 promociones fue de 128 millones de euros, inferior al valor contable de 159 millones y a otros gastos que el actual consistorio de Manuela Carmena cifra en 250 millones.
Una de las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal de Cuentas es que, sobre el valor de mercado de las viviendas, solo se tuvo como referencia una estimación por aproximación al total hecha por PWC, que más tarde se reveló como asesora de la propia empresa compradora.
“Han sido los interesados en la compra los que han fijado el precio de venta que ha sido aceptado por el órgano de contratación”, resume el órgano auditor.
Además, la EMVS de Ana Botella no promovió una verdadera concurrencia de interesados en la compra de esas 18 promociones. Según el Tribunal, la empresa municipal facilitó el acceso, de manera privilegiada, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la destinataria de la venta, a los datos e información relativa a los elementos que configuran las 18 promociones.
Esa decisión colocó a esas entidades en una situación de ventaja respecto de otros posibles interesados que no tuvieron acceso a esos datos con carácter previo al anuncio. Por tanto, el proceso de enajenación había comenzado meses antes del 3 de mayo de 2013, cuando se publicó el anuncio, lo cual se hizo para dar a la operación una apariencia de publicidad ficticia.
La EMVS es una Sociedad Mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid. El Patrimonio de la empresa forma parte del patrimonio del Ayuntamiento. Por tanto, no cabe desvincularla del derecho público ni de la actividad del Ayuntamiento.
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