Silla de ruedas
En concreto, a fecha de 31 de diciembre de 2021, había 193.436 personas con derecho reconocido a una prestación por dependencia pero a la espera de recibirla, un 16,7% menos que en diciembre de 2020, cuando había 232.243 personas en el conocido como ‘limbo de la dependencia’.
Asimismo, se ha reducido en 16.960 el número de personas pendientes de valoración de la situación de dependencia –por la que se valora si la persona tiene un grado I (dependencia moderada), II (severa) o III (grandes dependientes)–. En concreto, a 31 de diciembre de 2021 había 124.596 personas en esta situación, un 12% menos que a finales de 2020, cuando eran 141.556.
Igualmente, de los datos también se desprende que se ha incrementado un 8,6% el número de personas con la prestación concedida hasta alcanzar 1,17 millones de personas a cierre de 2021, 93.275 más que en 2020.
Si bien, a pesar de la reducción en la lista de espera de la dependencia, no se ha alcanzado la meta que se habían marcado el Gobierno y las CCAA en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el 30 de abril de 2021.
En concreto, aprobaron 73 medidas que el Ejecutivo había trabajado con las comunidades autónomas a lo largo de esos últimos meses encaminadas a reducir en «60.000 personas» estas listas de espera antes de 2022.
«El Gobierno de España y las CCAA tiene un objetivo común, que no haya más personas que tienen reconocido el derecho de la atención a la dependencia y que están esperando las ayudas y prestaciones sin que se hagan efectivas», subrayó entonces Belarra.
Entre las medidas que acordaron poner en práctica las CCAA para reducir las listas de espera, destacan aquellas dirigidas a simplificar los procedimientos de valoración del grado y reconocimiento de prestaciones y servicios; medidas para integrar los procesos de valoración y Programa Individual de Atención (PIA)–; medidas dirigidas a reforzar los recursos humanos en procesos de gestión y de valoración; incremento de inversión en recursos técnicos y materiales; y medidas dirigidas a ampliar la disponibilidad de plazas en servicios deficitarios y las intensidades, entre otras.
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