Se alquila
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Bolaños se ha referido, en concreto, a una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior, y confirmó que para los grandes tenedores (con más de 10 viviendas alquiladas) habrá medidas para controlar los precios en las zonas tensionadas.
Bolaños, que también ha confirmado que habrá un recargo en el IBI para las viviendas vacías, ha asegurado, no obstante, que la nueva norma tendrá en cuenta «las distintas competencias existentes en la materia», tanto autonómicas como municipales, por lo que indicó que deben ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas.
El acuerdo sobre la Ley de la Vivienda era uno de los últimos escollos entre el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Los PGE se tratarán en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este jueves, pero la Ley de Vivienda tendrá que esperar unas semanas más.
«No tenemos todavía fecha para aprobar la Ley de Vivienda. Será en Consejos de Ministros posteriores», ha comentado Bolaños. Después de su aprobación, se remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Bolaños se ha referido a la futura normativa como «una ley muy ambiciosa» que será «esencial» para garantizar el derecho a la vivienda entre «la gente que tiene mas dificultades» y que incluirá también, según ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un bono social para los jóvenes de entre 18 y 35 años, para ayudarles a su emancipación.
Este bono social será de 250 euros y se extenderá durante dos años. «Es una cantidad nada despreciable», ha insistido Bolaños.
A la espera de conocer los «detalles técnicos» de la Ley de Vivienda, la normativa prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.
Del mismo modo, se considerará grandes propietarios a aquellos que tengan diez inmuebles o más. Fuentes del Gobierno indicaron que el control de precios a grandes propietarios solo se aplicará a personas jurídicas, no así a personas físicas, aunque tengan más de 10 inmuebles arrendados.
La nueva ley de vivienda también contempla espera destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.
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