Esta nueva medida aprobada por el Gobierno que incluye el real decreto-ley que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 3 de noviembre implica la obligatoriedad de aceptar dinero en efectivo en cualquier establecimiento o la imposición de una sanción en el caso de incumplimiento.
De esta forma el consumidor tiene garantizado su derecho de libertad en la elección del método de pago y se pone así fin a las recientes propuestas, puntuales, de ciertos establecimientos que promovían una política sin efectivo.
España se alinea mediante esta norma con diferentes iniciativas legislativas internacionales, como las promovidas en Francia o en numerosos estados de Estados Unidos, que regulan para garantizar y proteger el uso del efectivo. También con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sentenció el pasado mes de febrero la obligatoriedad de aceptar pagos en efectivo en todo el territorio europeo.
A este respecto la Plataforma Denaria, presentada recientemente para proteger el uso del efectivo, aplaude la medida del ejecutivo y le insta a revisar la modificación de la Ley de Fraude Fiscal y a alinear las cantidades establecidas con las propuestas europeas con el fin de garantizar la libertad de elección del consumidor y del comercio.
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