Bustinduy durante su intervención | Foto del Ministerio de Derechos Sociales
El nuevo auto del TSJM supone un espaldarazo a la estrategia del Gobierno contra los pisos turísticos irregulares, una de las prioridades del ministro Pablo Bustinduy en el marco de la crisis de la vivienda. La plataforma retiró en julio los anuncios cuestionados, después de que el tribunal avalara las primeras resoluciones.
La justicia ha rechazado el recurso de Airbnb contra la medida cautelar que obligaba a eliminar 34.728 anuncios. Ya en mayo, el tribunal había respaldado una primera resolución relativa a 5.800 anuncios. En conjunto, las resoluciones ministeriales alcanzaban 65.000 anuncios, todos retirados finalmente por la plataforma.
La compañía insistió en que la responsabilidad corresponde a los anunciantes, pero el TSJM subraya que las medidas cautelares deben cumplirse.
La decisión refuerza la capacidad del ministerio para exigir a las plataformas que respeten las normas de consumo y publicidad, incluso en el marco de litigios aún en curso.
Los anuncios retirados presentaban irregularidades recurrentes:
Carecían de número de licencia o registro, obligatorio en varias normativas autonómicas.
Incluían licencias falsas o incorrectas, susceptibles de inducir a error al consumidor.
No especificaban si el arrendador era profesional o particular, clave para determinar la protección del cliente.
Estas prácticas fueron calificadas por el ministerio como publicidad engañosa y contrarias a la protección de los consumidores.
El control sobre los pisos turísticos irregulares es parte de un plan más amplio que incluye expedientes sancionadores a grandes gestoras y a agencias inmobiliarias por posibles abusos.
| Resolución | Anuncios afectados | Estado |
|---|---|---|
| Primera | 5.800 | Avalada en mayo por el TSJM |
| Segunda | 34.728 | Recurso desestimado en septiembre |
| Tercera | 24.472 | No recurrida por Airbnb |
| Total | 65.000 | Retirados en julio por la compañía |
La retirada masiva confirma la mayor intervención hasta la fecha contra una plataforma de alquiler turístico en España.
El caso evidencia la dificultad de coordinar normas autonómicas con actuaciones estatales, pero también marca un precedente en la supervisión de gigantes digitales en el mercado de la vivienda.
El ministro ha defendido que estas acciones buscan frenar la especulación inmobiliaria y proteger a las familias.
Según Bustinduy, “miles de hogares viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a la gente de sus barrios”
La resolución judicial da respaldo político a una estrategia que podría extenderse a otras plataformas del sector turístico y a inmobiliarias que incumplan la normativa.
Con este segundo aval judicial, el TSJM consolida la línea del Gobierno contra la publicidad ilegal en el alquiler vacacional. La retirada de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb se convierte en un hito regulador y en un aviso al resto del sector: las plataformas digitales deberán asumir responsabilidades en la protección de los consumidores y en el impacto del mercado de la vivienda.
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