El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Según consta en un auto, firmado el 31 de octubre y recogido por Europa Press, los magistrados al desestimar la solicitud de Rajoy han acordado levantar la medida cautelarísima que había adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra. La decisión del tribunal tiene lugar después de que la Fiscalía y la Abogacía se pronunciasen sobre la petición de Rajoy de suspender de forma cautelar el auxilio judicial del Principado.
El Ministerio Público mostró su oposición el pasado 26 de octubre al considerar que el argumento de Rajoy de que se han vulnerado sus derechos fundamentales con la tramitación de la comisión rogatoria lo que “realmente” encubre es un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial.
La Fiscalía aseguró, además, que el “cuestionamiento” que realizaba Rajoy sobre la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra sería “un examen de legalidad ordinaria no susceptible de evaluarse” porque, según indicó el Ministerio Público, no estaba acreditada la vulneración a la que el expresidente hacía referencia.
La defensa del exlíder del PP alegó que había visto vulnerado sus derechos porque el juzgado madrileño, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el “previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional”.
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón al considerar que dicho juzgado debía haber estimado sus recursos contra la comisión rogatoria de Andorra, precisó que no podía admitir sus recursos de queja porque la juez ya había actuado y dado respuesta al Principado. Así las cosas, avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.
Ante este escenario, la defensa de Rajoy presentó recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar luz verde a la comisión rogatoria de Andorra, pero no tuvo éxito, porque fue inadmitida por el Secretariado de Estado de Justicia, que es lo que ahora ha pedido revisar en el TSJ madrileño.
La cita agencia recuerda que la Justicia de Andorra investiga a Rajoy, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.
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