Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
La justicia española ha creado una Comisión Rogatoria Internacional para dar con otra parte del dinero obtenido en el caso de corrupción en torno al Canal de Isabel II por parte de los cabecillas, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exconsejero de La Razón Edmundo Rodríguez. Según informa la Cadena Ser, las diligencias apuntan a un abogado hispano andorrano que habría trabajado como testaferro de Rodríguez y González en operaciones realizadas en el Canal en Colombia y en el Principado.
Según fuentes judiciales a este mismo medio, existen “indicios de que Ignasi Maestre habría diseñado una estructura societaria opaca para una inversión inmobiliaria en Colombia con Edmundo Rodríguez”. Los investigadores sospechan que los cabecillas de Lezo, en prisión incondicional, podrían haber blanqueado dinero procedente del desvío de fondos públicos.
El desfalco en la empresa pública madrileña para la gestión del agua está cifrado en al menos 31 millones de euros, según las pesquisas. Y los investigadores apuntan a que los 31 millones de dólares obtenidos en la compra de la filial latinoamericana Emissao podrían haber ido directamente al lucro personal de los imputados. Además de González y Rodríguez, está investigado Ignasi Maestre, a quien el Canal de Isabel II compró una empresa con residencia en Uruguay, Soluciones Andinas de Aguas, con la que adquirió la sociedad brasileña Emissao, y por la que Maestre ingresó un millón de euros, que cobró desde un banco panameño.
En cuanto a Rodríguez Sobrino, la sociedad Audiovisual Española 2000 SA, editora del diario La Razón, destituía hace menos de una semana al que fuese su consejero, que permanece en prisión desde el pasado 21 de abril por su vinculación en el caso Lezo, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Rodríguez Sobrino es considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de Ignacio González, y recurrió hace unas semanas su ingreso en prisión en el marco de esta operación por posible corrupción en el Canal de Isabel II.
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