La Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma dispondrán de esos tres días para aportar documentación que valide la forma en la que se están ejecutando esos traslados y si esta se acomoda o no a la legislación española.
La consejera, competente en materia de Menores, ha explicado que la magistrada ha desestimado las solicitudes de ‘habeas corpus’ presentadas por cinco jóvenes migrantes marroquíes no acompañados que iba a ser expulsados por la mañana alegando ser víctimas de una detención ilegal, pero como medida «cautelarísima» y a la vista del auto que el Juzgado de lo Contencioso-Administración ha dictado ordenando suspender el retorno forzado de nueve chicos en la misma situación, ha mandado paralizar todo el dispositivo.
La magistrada que ha resuelto es la misma que este domingo concluyó que no había lugar a la adopción de las medidas provisionales del mismo tipo que habían pedido ocho menores, ya que todos ellos ya habían sido trasladados a Marruecos cuando pudo dictar su resolución.
