pedro sánchez congreso
Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM han acordado inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado por la supuesta comisión de un delito de prevaricación judicial contra el magistrado por obligarle a declarar en persona en la causa contra Begoña Gómez, su esposa.
En la decisión se incluye un voto particular de uno de los tres magistrados que no modifica el sentido unánime de la resolución, que no es firme y sobre la que cabe interponer recurso de súplica ante la citada Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Abogacía General del Estado presentó la querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, después de que Pedro Sánchez se acogiera a su derecho a no declarar ante el citado magistrado en el Palacio de la Moncloa. La Abogacía dio este paso “en defensa de la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno”.
El Gobierno ha mostrado su respeto a la decisión del TSJM, aunque discrepa de “sus razonamientos jurídicos y de su argumentación”, según han señalado fuentes del Ejecutivo. “Y también nos sorprenden algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto, máxime cuando la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado únicamente pretenden preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal”.
“En la querella presentada”, recuerdan desde Moncloa, “ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial”.
“Lamentablemente, esta sospecha se ha revelado cierta”, afirman las citadas fuentes, que señalan que “el mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación”.
Desde el entorno de Sánchez esperan que “lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares”.
“Nuestra obligación como Gobierno es, como siempre, defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones”, remarcan.
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