ayuso
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado, para este lunes 26 de mayo, a Carlos Mur y a Francisco Javier Martínez Peromingo. El primero, recuerdan desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’. Unos documentos que bloquearon el traslado al hospital de miles de residentes enfermos “por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo”.
El segundo fue el coordinador del llamado ‘protocolo técnico’, “que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse, y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020”.
Según señalan ambos colectivos en una nota, dicho juzgado decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las mencionadas Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia celebran que estos ex altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, “ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos”. “Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora”, apuntan, “se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”.
No obstante, ambas entidades están “convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo”. Por eso, “aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes”.
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