Donald Trump discute la transición en Venezuela durante una conferencia.
Un doble revés judicial ha marcado la jornada política en EEUU tras dos decisiones que limitan directamente las iniciativas impulsadas por la Administración Trump en ámbitos clave como los medios públicos y la Casa Blanca.
Dos tribunales federales cuestionan el alcance del poder presidencial en decisiones sobre medios y patrimonio público
Un juez en Washington ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva de Donald Trump para retirar financiación federal a NPR y PBS, al considerar que vulnera la libertad de prensa recogida en la Primera Enmienda.
El magistrado Randolph Moss concluyó que la medida supone una “discriminación por punto de vista”, al entender que el presidente actuó contra estos medios por su supuesta línea editorial.
El fallo da la razón a ambas organizaciones, que denunciaron que Trump no tiene competencias para actuar como “árbitro del contenido” de la programación.
El tribunal considera que el recorte de fondos a medios públicos vulnera la libertad de prensa
La decisión obliga a revertir los recortes, aunque el Gobierno ya ha anticipado que recurrirá la sentencia.
La financiación federal tiene un peso desigual en estos medios, especialmente en sus redes afiliadas, lo que explica la relevancia del fallo judicial.
| Medio | Dependencia de fondos públicos |
|---|---|
| NPR (central) | ~1% del presupuesto |
| Emisoras afiliadas NPR | 8%–10% de ingresos |
| PBS y estaciones asociadas | ~15% de ingresos |
El conflicto se enmarca en una ofensiva más amplia contra medios públicos, después de que otro juez ordenara recientemente reactivar Voz de América y reincorporar a 1.042 empleados tras un intento de cierre.
La financiación pública es clave para la red de emisoras afiliadas, especialmente en PBS
En paralelo, otro juez federal ha ordenado paralizar temporalmente la construcción de un salón de baile promovido por Trump en el antiguo emplazamiento del Ala Este de la Casa Blanca.
El magistrado Richard Leon estimó que el presidente podría no tener autoridad legal para impulsar el proyecto sin supervisión institucional.
“El presidente es custodio de la Casa Blanca, pero no su propietario”, subrayó el juez en su resolución.
El tribunal cuestiona la autoridad de Trump para modificar la Casa Blanca sin aprobación institucional
La orden entrará en vigor en 14 días, plazo en el que la Administración puede presentar recurso.
El proyecto ha sido impugnado por el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, que exige revisión independiente y aprobación del Congreso.
La iniciativa ha generado rechazo por su impacto en un edificio histórico y por el carácter del proyecto, considerado incompatible con la idea de la Casa Blanca como símbolo institucional.
Trump ha respondido calificando a los demandantes como “lunáticos de la izquierda radical” y ha defendido sus reformas, que también incluyen cambios en el Centro Kennedy.
Ambos fallos reflejan un patrón creciente de enfrentamientos entre la Administración Trump y el poder judicial, especialmente en cuestiones relacionadas con los límites del poder presidencial.
Las decisiones refuerzan el papel de los tribunales como contrapeso institucional en un contexto de alta tensión política en EEUU.
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