El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el impuesto introducido por Cataluña, Asturias y Aragón a las grandes superficies para compensar el impacto en el medio ambiente de su actividad comercial.
Según publica la agencia Reuters, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) había impugnado judicialmente este impuesto, cuyos ingresos se destinan a planes de actuación medioambientales y a la mejora de las infraestructuras. El Tribunal Supremo preguntó al tribunal europeo si estas tasas podían ser constitutivas de ayudas de Estado prohibidas y si podían vulnerar la libertad de establecimiento.
Sin embargo, el TJUE ha determinado que el criterio de superficie de venta, el que determina qué establecimientos están sometidos al impuesto, no supone una discriminación directa. Respecto a las ayudas prohibidas, la justicia europea cree que hay que determinar si los establecimientos excluidos se hallan o no en una situación comparable a los sometidos al gravamen.
El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que las exoneraciones en función de las dimensiones o la naturaleza de la actividad “no constituyen ayudas de Estado” cuando los establecimientos exonerados “no generen un impacto negativo sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio tan intenso como los otros”, señala el TJUE.
ANGED ha respondido en un comunicado que el impuesto puede ser legal pero perjudica la competitividad y ha hecho un llamamiento a los gobiernos autonómicos a reconsiderar este tipo de gravámenes “anacrónicos” y que a su juicio “distorsionan gravemente la oferta comercial, penalizan la capacidad de crecimiento de las empresas, drenando recursos a la inversión y la generación de empleo”.
