La Justicia censura el trato “vejatorio” del Gobierno de Ayuso a los rastreadores Covid y le condena a indemnizarles

La Justicia censura el trato “vejatorio” del Gobierno de Ayuso a los rastreadores Covid y le condena a indemnizarles

El TSJM da la razón a CCOO y afirma que la Comunidad de Madrid “mortificó” a los 119 rastreadores y rastreadoras cuando tuvo que readmitirlos.

Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. (Foto: Comunidad de Madrid)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a CCOO en su demanda por la incorporación irregular de los 119 rastreadores de la Dirección General de Salud Pública, organismo perteneciente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad. Así lo recoge el propio sindicato, que recuerda que el juzgado de lo Social del TSJM primero dictó sentencia en la que declaraba nulo el despido de estos trabajadores en octubre de 2022. Ahora, el mismo tribunal ha censurado el trato “vejatorio” dado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y le condena a indemnizarles.

Según el auto, expone CCOO en una nota, la Consejería de Sanidad “mortificó” a estos trabajadores y trabajadoras. Asimismo, hubo “trato vejatorio” y no tuvo en cuenta el “malestar psicológico” de estas personas.

“Pues bien, la cuestión se centra en la actuación de la empleadora de tener a las personas trabajadoras confinadas en un espacio sin medios materiales para prestar servicios, sin tareas asignadas y sin ofrecerles una explicación ni permitirles comunicarse con otros trabajadores de la Consejería”. Para el TSJM esta situación “supone un comportamiento vejatorio para estas personas que podía haberse obviado con un permiso retribuido mientras se tramitaban el cese que posteriormente se ha producido y agilizando éste, habiendo mantenido la situación arbitraria e innecesariamente, simplemente para mortificar a los demandantes, sin tener en cuenta el malestar psicológico que se produce a una persona teniéndola toda la jornada sin nada que hacer y sin posibilidad de hacer nada.”

La decisión del Tribunal condena a la Consejería de Sanidad al abono de una indemnización a cada una de las personas readmitidas, aunque, tal y como lamenta CCOO, no reconoce la existencia de vulneración de derechos fundamentales. Para el sindicato la “actitud” del departamento de Enrique Ruiz Escudero “sí es vulneradora de derechos fundamentales”. De ahí que haya decidido “continuar con el procedimiento, buscando recursos contra la decisión tomada por el TSJM”.

Comisiones denuncia que la Dirección General de Salud Pública “carga de nuevo, tal y como hizo con los rastreadores/as, ahora el objetivo son los trabajadores de las Unidades Técnicas de Salud Publica (Técnicos Superiores de Salud Pública, Técnicos Auxiliares y personal Administrativo) que son los que se ocupan de la prevención e inspección de la seguridad alimentaria o la calidad del agua”. La Consejería de Sanidad quiere retirarles “de sus zonas de actuación y centralizar en un solo punto”.

Según defiende el sindicato, es fundamental mantener una organización similar a la que existe en el ámbito sanitario. Es decir, “cinco zonas que se corresponden con los puntos cardinales y centro, para garantizar la proximidad al territorio y con ello controlar y garantizar una Salud Pública de calidad que vele por mantener los estándares de salud existentes en la región”.

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