La justicia británica obliga a Uber a pagar un salario mínimo: sus conductores no son autónomos

Uber ha perdido una batalla legal clave para su futuro en Reino Unido. El Tribunal Laboral de Apelaciones de Londres ha decidido desestimar el recurso de la compañía estadounidense y mantener una sentencia anterior que considera que los conductores de la empresa no son autónomos, sino empleados. Deben tener, por tanto, derecho a un salario mínimo o a vacaciones remuneradas.

El fallo responde a una demanda presentada por dos trabajadores que reclamaban derechos laborales como seguridad social. Sostiene que estos conductores son empleados, pues la compañía ejerce demasiado control sobre su trabajo como para clasificarlos como autónomos.

Entre otros argumentos, la sentencia alega que, para poder registrarse en la aplicación, deben comprometerse a aceptar el 80% de las carreras que se les envían. Sin embargo, la compañía de alquiler de transporte con chófer asegura que esta condición nunca se ha aplicado en Reino Unido y que sus trabajadores son autónomos porque eligen sus horarios y lugares de trabajo, por ello, se les paga por cada trayecto que realizan.

“Durante el pasado año, hemos efectuado varios cambios en nuestra aplicación para dar a los conductores más control. También hemos invertido para dar cobertura por enfermedad y accidentes y seguiremos introduciendo modificaciones para mejorar”, ha apuntado al respecto el director general del servicio en Reino Unido, Tom Elvidge.

Elvidge ha anunciado que Uber volverá a recurrir esta sentencia, lo que llevaría el caso hasta el Tribunal Supremo británico y abriría otro largo proceso, según publica Financial Times. Mientras, la plataforma de transporte no tiene obligación de modificar sus condiciones laborales.

El trabajo ‘uberizado’, en el punto de mira

La sentencia puede sentar un precedente no solo para las condiciones laborales de Uber en otros mercados, sino también para otras plataformas de la llamada ‘gig economy’ o ‘economía de los pequeños encargos’, como Deliveroo, que están en el punto de mira de sindicatos y reguladores por su escasa protección a los empleados.

Estas empresas consideran a sus conductores y repartidores como autónomos de forma que se ahorran costes, por ejemplo, al no tener que pagar un salario fijo cuando hay poca demanda de su servicio.

Si el fallo contra Uber se ratifica finalmente, la compañía no sólo tendrá que abonar, al menos, el salario mínimo a sus de 40.000 conductores en Reino Unido, sino que también deberá pagar impuestos en concepto de Seguridad Social.

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