En un auto firmado este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera han corregido al juez Rafael Lasala al considerar que no pueden compartir su criterio para mantener como investigada a la que fuera titular de Exteriores.
“Si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona”, han precisado.
Así las cosas, han concluido que lo pertinente es “revocar la resolución” en la que se acordó mantener la imputación de la exministra y declarar el sobreseimiento de las actuaciones, “sin perjuicio de su reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios contra dicha persona”.
En este sentido, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado el recurso que presentó la Abogacía del Estado en nombre de González Laya. Los servicios jurídicos defendieron que no había elementos que permitiesen acreditar un posible delito de prevaricación, de encubrimiento o de falsedad documental por parte de la exministra.
La Abogacía insistió en que lo que procedía era el archivo para que no se alargara “innecesariamente” una investigación que suponía “afecciones y consecuencias desfavorables” para la extitular de Exteriores. La Fiscalía coincidió en que debía cerrarse la causa para la exministra.
“Acto político”
La Audiencia de Zaragoza ha desestimado la tesis de las acusaciones de que las autoridades españolas eran conocedoras de que existía una orden de localización de Ghali librada por la Audiencia Nacional y que -con la finalidad de evitar que se supiera la entrada en España del líder del Polisario- organizaron la entrada de manera que no quedara constancia de quién era en realidad la persona que llegó a España.
“A nivel indiciario parece indudable que el Sr. Ghali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos a que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo”, han asegurado. Han precisado, sin embargo, que se trata de “un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal”.
Ante el argumento del juez Lasala de que los responsables del Ministerio de Interior sabían con antelación de la llegada de Ghali y omitieron información de forma consciente a la Justicia española sobre su ubicación, la Audiencia Provincial ha incidido en que el magistrado instructor es “consciente de la insuficiencia de indicios que soporten” dicha tesis y “del escaso progreso obtenido en los últimos tiempos, así como la improbabilidad de encontrar algún otro indicio más”.
En el marco de la resolución, los magistrados han desestimado el recurso que presentaron las acusaciones con la intención de reabrir el procedimiento para el ex jefe de gabinete del Ministerio dirigido entonces por González Laya. Así, han confirmado el archivo para Camilo Villarino.
