Las elecciones catalanas del 21 de diciembre no contarán con observadores internacionales. O al menos así lo ha determinado la Junta Electoral Central después de que, según avanzó El País, se solicitó esta petición por parte de representantes de organismos radicados en Ecuador y Reino Unido. Mientras tanto, las voces alertando sobre un posible pucherazo se han incrementado en las últimas horas.
La JEC ha rechazado la posibilidad de acreditar a observadores internacionales. “No resulta procedente”, han señalado. El principal motivo que han apuntado desde la institución es que la legislación electoral española no prevé la existencia de dicha tipología de observadores, tal y como afirma un informe de la Dirección General de Política Interior, según ha podido conocer Europa Press.
No obstante, las únicas excepciones en las que se han aceptado este tipo de agentes se han dado cuando un organismo electoral público de un Estado o una organización internacional reconocida por España lo ha reclamado.
Al mismo tiempo, el Oriol Junqueras pidió a la Unión Europea este mismo domingo, a través de un artículo en ‘Político’, que supervise los resultados del 21-D. Así, según el exvicepresidente de la Generalitat, se podría “garantizar que sean respetados realmente y para eliminar cualquier duda sobre el resultado”.
Asimismo, a pesar de que luego fue desmentido por otros dirigentes de su partido, el portavoz de ERC, Sergi Sebrià, aseguró en rueda de prensa que su formación haría un “recuento paralelo” para evitar un fraude electoral. Una confabulación que llega a la vez que las sospechas del Gobierno de Mariano Rajoy.
Según ha publicado eldiario.es, el Ministerio del Interior ha dado instrucciones a Mossos, Policía y Guardia Civil para que intensifiquen la vigilancia desde la jornada de reflexión al recuento electoral. El Ejecutivo, tal y como informa el mencionado medio, teme una alteración de la jornada electoral procedente del “ciberespacio”. O al menos así queda reflejado en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que regula la actuación de las distintas policías para garantizar el normal desarrollo de la campaña electoral catalana.
