El presidente del PP, Pablo Casado, en un encuentro con periodistas en Génova.
El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha elevado al Supremo una extensa exposición razonada, de 54 páginas, con los indicios delictivos que recan sobre Pablo Casado. La jueza Carmen Rodríguez Medel describe en ella un entramado para regalar titulaciones, dirigido desde el Instituto de Derecho Público, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y que presidía el catedrático Enrique Álvarez Conde.
“La investigación permite concluir que Enrique Álvarez Conde, en su condición de catedrático y director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid dirigió una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del Master sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva”, expresa la magistrada.
El actual presidente del PP sería, según la jueza, uno de los pupilos que “aceptó” participar en ese esquema. No fue un caso aislado sino “un plan preconcebido para otorgar el título de manera arbitraria a un grupo concreto de alumnos de ese año que participan en el concierto, utilizándose siempre una misma técnica: el reconocimiento indiciariamente lícito de 40 créditos 8 pero con la calificación sin actividad académica alguna de los otros 20 que completan el máster”.
La jueza cree que esta misma técnica (según sus palabras “calificación arbitraria sin mérito académico”) se llevó a cabo otros años, concretamente en el 2011- 2012, el curso en que lo cursó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, aunque puntualiza que esos hechos se enmarcan en la otra pieza de la causa.
El escrito al Supremo recuerda que esa dinámica de “regalar” titulaciones fue reconocida en sede judicial por otra de las alumnas beneficiadas, que solo tuvo que solicitar la convalidación de 40 créditos “sin hacer absolutamente nada más para obtener los otros 20 créditos, siendo calificada sin presentar trabajo alguno o sin otro tipo de evaluación”.
Además, la jueza sospecha que en esta “mecánica orquestada por Enrique Álvarez Conde sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él”. Es decir, el resto del alumnado cursó la titulación “con normalidad”.
La jueza cree que esta misma técnica (según sus palabras “calificación arbitraria sin mérito académico”) se llevó a cabo otros años, concretamente en el 2011- 2012, el curso en que lo cursó Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad, aunque puntualiza que esos hechos se enmarcan en la otra pieza de la causa.
Por todo ello, la magistrada concluye que “el aforado Pablo Casado” es indiciariamente “uno de los beneficiados que pudo actuar en connivencia con Álvarez Conde” y “verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional”
Las recomendaciones de la jueza para esclarecer si esto es verdad son: en primer lugar, oírle como investigado (actual figura para imputado). Después, requerirle toda la información que conserve del máster, “no sólo los trabajos que permitieron su calificación en cuatro asignaturas sino sobre todo cualquier documento, como correo electrónico o acuses de recibo, que evidencien que fueron efectivamente elaborados en el curso académico 2008-2009”.
Por último, que la justicia le requiera el “portátil antiguo” del que Casado dijo haber extraído tales trabajos. La jueza cree que un análisis de ese ordenador sería suficiente para saber si aquellos documentos de verdad datan de aquel curso y si no han sufrido modificaciones a partir del 20 de marzo.
La jueza observa en la concesión del título a Casado y a otros tres alumnos un posible delito de prevaricación administrativa.
Asimismo, considera que la conducta de los alumnos puede ser calificada de “cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa”. Esto porque “cada uno de ellos se matricula en el master y paga las tasas académicas, condición necesaria para que pueda recibir el título; aporta su expediente académico íntegro; solicita el reconocimiento de créditos” y, por último, “acepta el título, recogiéndolos algunos de ellos y usándolo el aforado en su currículum, tal y como se desprende de la página web del Congreso de los Diputados”.
Aquí se puede leer la exposición razonada completa de la jueza del caso máster:
Exposición Razonada. Jzdo. Instrucción 51 (Pieza ‘C’. ‘Caso Máster’) by El Boletin on Scribd
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