La jueza del máster investiga las llamadas para comprobar si hubo presiones del entorno de Cifuentes

Cristina Cifuentes en el Congreso.
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La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha solicitado a cuatro de los investigados en la causa, entre ellos a la exasesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, que aporten el listado de llamadas entrantes y salientes realizadas el pasado 21 de marzo cuando saltó a la luz la polémica para comprobar si hubo presiones desde el entorno de Cristina Cifuentes para falsificar el acta de defensa del trabajo de fin de máster (TFM).

Así consta en un auto dictado ayer, del que informa Europa Press, en el que la instructora acuerda autorizar la cesión de tráficos telefónicos en relación a los teléfonos del exdirector del máster Enrique Álvarez Conde y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuyas firmas aparecían falsificadas en el citado documento universitario. Todos ellos están investigados en la causa.

En el auto, contra el cabe de recurso de reforma y de apelación, se reclama además las llamadas de Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad y que acudió a la universidad el mismo 21 de marzo. Rosado manifestó ante la jueza, según consta en el auto, que Feito la presionó para que comunicara al rector que Cifuentes había defendido el TFM.

De este modo, la jueza oficia a la Policía Judicial a fin de identificar los números utilizados por los investigados a fin de librar el oportuno mandamiento a la compañía telefónica que corresponda.

En concreto, solicita que se aporte el listado de llamadas entrantes y salientes, con identificación del titular del teléfono, desde las 6 de la mañana del 21 de marzo hasta las 24 horas de ese día.

‘Eldiario.es’ publicó ese día la información que derivó en este procedimiento judicial en el que se investiga un delito de falsedad documental, cohecho impropio y prevaricación administrativa. La mayoría de los investigados están acusados solo de falsedad documental. Pero a Cifuentes se le acusa también de cohecho y a Álvarez Conde, de prevaricación administrativa.

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