Imagen de la UME en las tareas de recuperación tras el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana. (Foto: Defensa)
En un auto emitido este miércoles y difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza Nuria Ruiz responde a la petición de la acusación popular, ejercida por la asociación Liberum, que solicitaba al juzgado requerir información al Gobierno central sobre si se convocó el Consejo de Seguridad Nacional a raíz del episodio de la DANA. La magistrada rechaza esta petición y advierte de que intentar implicar al Ejecutivo nacional «no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica».
Palabras clave como “protección civil”, “emergencia nacional” y “competencia exclusiva de la Generalitat” destacan como elementos claves del auto judicial, en el que la jueza subraya que la gestión de la emergencia era responsabilidad plena de la administración autonómica.
En el mismo escrito, la instructora reprocha a las defensas de los investigados, entre ellos Salomé Pradas y Emilio Argüeso, sus intentos de atribuir responsabilidades a testigos como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La jueza considera que estas actuaciones vulneran las garantías procesales al tratar de convertir a testigos en responsables, pese a haber sido descartado por resoluciones judiciales anteriores.
«No se puede justificar la incapacidad en la toma de decisiones a través de la atribución de responsabilidades a quienes solo comparecen como testigos», remarca Ruiz, y tilda estas estrategias de incompatibles con la buena fe procesal
La instrucción se centra en el fallecimiento de 227 personas, incluida una mujer embarazada de ocho meses, además de una persona desaparecida y varios lesionados. La jueza incide en que el análisis debe centrarse en el nexo causal entre la inacción de los investigados, su posición de garantes y las consecuencias mortales del episodio.
Además, recuerda que la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias atribuye a la Conselleria de Protección Civil el Mando Único en caso de emergencia, y que el Consell es el órgano de dirección y coordinación en esta materia, según el Estatuto de Autonomía.
En respuesta a las alegaciones sobre la falta de declaración de emergencia nacional, la jueza subraya que ni se declaró a nivel estatal ni se propuso desde la Generalitat Valenciana. De hecho, tampoco se aplicó la figura de emergencia catastrófica, una competencia que según la ley autonómica correspondía al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que tampoco se ejerció.
«Existió consenso entre las administraciones para no declarar la emergencia nacional, pero esa declaración no era necesaria para alertar a la población ni adoptar medidas de autoprotección», concluye la jueza
La magistrada describe una escena posterior al temporal marcada por la devastación total: poblaciones sin recursos básicos, calles intransitables, pillajes y voluntarios improvisando labores de ayuda. En este contexto, la jueza considera que la falta de una actuación preventiva por parte de la Generalitat es lo que debe analizarse judicialmente, y no decisiones que no competían al Ejecutivo central.
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