La magistrada de Estepona (Málaga) que dirige la investigación sobre el ático de Ignacio González ha preguntado al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo si debe inhibirse del conocimiento de los hechos, después de que a finales del pasado año fuera registrada la vivienda en la Costa del Sol del ex presidente autonómico dentro de las pesquisas por el saqueo de fondos de la Comunidad de Madrid.
Elindependiente.com asegura que la juez Isabel Conejo dictó una providencia el pasado 27 de febrero en la que plantea al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que deduzca testimonio si de las diligencias practicadas hay elementos que puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos que ella investiga o en su lugar si el juzgado al que sirve -Primera Instancia e Instrucción 5 de Estepona- debe inhibirse y que toda la investigación la concentre la Audiencia Nacional. Órgano judicial que no ha contestado aún, según el mencionado digital.
Explica el diario que dirige Casimiro García-Abadillo que “el pasado verano, la juez y la Fiscalía de Málaga rechazaron la petición de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña -acusación particular en el caso ático– para que el sumario se enviara a la Audiencia Nacional, al entender que en la petición de dicha parte no se detallaba la razón que justificaba tal medida” aunque aclara que “entonces, el juzgado central del que es titular Manuel García-Castellón no había acordado aún que se registrara la vivienda de vacaciones del matrimonio González-Cavero en la urbanización Guadalmina de Estepona”.
Recuerda el medio online que “el pasado 28 de noviembre, 20 días después de que Ignacio González saliera de prisión tras depositar su familia una fianza de 400.000 euros, seis agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo la entrada y registro en el ático malagueño del que disfruta el ex presidente de Madrid desde el año 2008, primero como inquilino y desde 2012 como propietario”.
Y señala que se trataba de una diligencia que había acordado el día anterior el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional a fin de averiguar si Ignacio González guardaba en su vivienda de vacaciones parte del botín del saqueo del Canal de Isabel II o información relevante para la instrucción del caso Lezo.
