Luis Medina llega a la Audiencia Nacional - EUROPA PRESS
La vista oral ha celebrado este jueves su segunda sesión con la declaración de dos testigos, uno de ellos clave en el procedimiento judicial. Se trata de la coordinadora de Presupuestos y recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, quien en marzo de 2020 se encargaba de buscar las mejores ofertas para traer material sanitario a la ciudad de Madrid y de relacionarse con los proveedores de las mercancías.
Durante el interrogatorio a Collado, la magistrada presidenta de la Sección ha abroncado en varias ocasiones a los abogados del PSOE y de Más Madrid, que ejercen las acusaciones populares, por preguntar por hechos diferentes a los juzgados y les ha recordado que no se juzgan delitos de corrupción ni de tráfico de influencias por ir las preguntas dirigidas a Elena Collado más encaminadas a cómo se gestaron los contratos con el Consistorio capitalino.
La funcionaria ha comparecido durante más de cinco horas ante el tribunal. En su declaración, ha indicado a preguntas del fiscal que los acusados le dijeron «personalmente» que no cobrarían comisiones si bien en algún momento ha llegado a comentar que pensó entonces que la empresa malaya Leno podría darles «algo moderado» pero no las cantidades millonarias que obtuvieron y que en el caso de Luceño ascendió a los cinco millones de euros.
Así, ha detallado que hablaba con ellos a través de correos electrónicos, ‘whatsapp’ y conversaciones telefónicas. «No he borrado nada», ha dicho en relación a estos contactos. Tras ello, el fiscal le ha preguntado sobre el audio que aportó a la Sala hace unos días Luis Medina en el que habla con Collado acerca del precio de las mascarillas y que, según su defensa, excluye que hubiera engaño al Ayuntamiento en la venta de la mercancía.
En la conversación, el empresario le avisa de que las mascarillas de grafeno que venden, «el ‘Rolls-Royce’ de las mascarillas», tienen un coste de dos euros en fábrica, pero que se están vendiendo en los comercios a un precio entre seis y ocho euros. «Son las buenas, buenas. No cuentes con ello hasta que lo tengamos solucionado», le comentó, ofreciendo además una donación de 100.000 mascarillas.
A ello, la funcionaria ha recalcado que les importaba el precio de comercialización del producto y que al final fueron 6,6 dólares, señalando que les parecían entonces de fiar los empresarios. «El precio que entendimos era de 6,6 y no pensamos otra cosa. Entendía que el margen de cuatro, era el margen de la fábrica. Seguía con la idea de que no cobraban comisiones», ha reseñado.
En la misma línea, el fiscal ha preguntado a la testigo acerca de cómo se negociaron las ofertas, replicando ésta que entonces no se podían comparar precios porque no había margen para negociar. «Luceño dijo: el precio es este. Y se plasmó en el contrato tres días después. Su interés era ayudar a Madrid porque morían 300 personas al día y su mujer trabajaba en un hospital. Siempre lo entendí como algo altruista y desinteresado», ha indicado.
A preguntas sobre si hubieran actuado igual si hubieran sabido las comisiones y que se inflaron los precios hasta un 150%, ha señalado en varias ocasiones que se habría replanteado la operación, «parado en seco» y se habría consultado. «Necesitábamos el material de forma desesperada», ha insistido.
En otro momento del interrogatorio, el fiscal le ha preguntado sobre un mensaje con Luceño en el que le comenta que les han estafado tras comprobar la mala calidad de los guantes de nitrilo recibidos. «Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro», le alertaba el 8 de abril de 2020.
Días antes, un transportista le advierte cuando pasa por la aduana del desfase de lo que había costado la mercancía que provenía de la empresa malaya Leno, unos 57.000 dólares frente a los cinco millones pagados por el Consistorio capitalino.
«Cuando los sacaron, no eran esos guantes maravillosos sino corrientes, pero no los que habíamos contratado. Le llamé a Luceño y a Medina y no me cogían el teléfono. Estaba convencida que nos habían estafado desde fábrica. Luego hablé con Medina y le dije que estaba disgustada. Nos devolvieron cuatro millones», ha reseñado.
El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita en su escrito de acusación una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.
En la sesión también ha comparecido Isabel de Palacio Tamarit, directora del gabinete del Área de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. La testigo ha explicado que en aquellos días elaboró un cuadro con las ofertas de material sanitario en las que especificaba que los empresarios no cobrarían comisiones conforme a un correo que se le remitió.
En la columna de observaciones, la testigo detallaba que no cobrarían comisiones y que iban a realizar una donación (de 238.000 mascarillas gratuitas), algo que le pareció entonces relevante a destacar.
«Era un cuadro interno y nunca pretendió ser otra cosa», ha señalado, indicando que se trasladó a la delegada Engracia Hidalgo y a la coordinadora de compras. «Ellos dijeron que no cobraban comisión y que el precio de venta era ese, 6,6 dólares. Era un precio fijado», ha subrayado.
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